Ya sea por ingenuidad, complicidad, omisión o conveniencia, López Obrador es responsable de las matanzas de alrededor de 210 mil mexicanos y la desaparición, en su sexenio, de otros 52 mil, a manos de los cárteles, a los que renunció a perseguir con su perversa política de “abrazos, no balazos”; por haber renunciado a su deber constitucional de garantizar los derechos humanos de los mexicanos, al permitir el exterminio de tantas personas y no perseguir y castigar a los asesinos; por la campaña de banalización del mal y de normalización de la violencia a lo largo de las mañaneras.

El descubrimiento del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, utilizado por el CJNG para reclutar sicarios, asesinar a los que no cumplían sus estándares y enterrarlos clandestinamente, muestra la deshumanización, el nivel de violencia y el desprecio por la vida de los cárteles, así como el nivel de incompetencia y complicidad gubernamental.

De 2020 a 2024, María Elena Morera, presidente de Causa en Común, documentó 2 mil 121 masacres —asesinatos de tres o más personas en un mismo evento—: personas colgadas en puentes, cuerpos mutilados, cabezas humanas arrojadas en calles, vehículos abandonados con personas torturadas y asesinadas, embolsados, comensales rafagueadas en bares, muertos por granadas en eventos cívicos, levantados que aparecían muerto. La respuesta fue la risa burlona y el sarcasmo del tabasqueño para desacreditar el informe con “son campañas de los enemigos para desprestigiar a mi gobierno”.

También se recuerda a miembros del ejército desarmados, golpeados, secuestrados, atados y humillados cuando acudían al llamado de la población; las veces que se obligó a los militares a devolverles armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas a los delincuentes; las ocasiones que con palos los hicieron huir de sus territorios por intentar hacer su trabajo.

La Guardia Nacional no sirvió para pacificar al país. Muchísimas veces se quedaron fuera de poblaciones permitiendo que la población fuera masacrada por las facciones rivales en pugna. Decenas de pueblos quedaron vacíos y decenas de miles fueron desplazados por la violencia, sin que la autoridad hiciera algo.

López Obrador y Sheinbaum sistemáticamente rechazaron la denominación de terroristas —referida a los cárteles—, por parte del gobierno norteamericano, porque decían que con ello habría el riesgo de violaciones a la soberanía nacional de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Sin embargo, nada hicieron por evitarlo: la violencia siguió creciendo y el tráfico de droga nunca paró ni hubo decomisos importantes.

Tampoco hicieron nada para proteger a las madres buscadoras asesinadas por entrar a los campos de exterminio —encontrados por ellas— para buscar a sus familiares. Todos recordamos a Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, a las puertas de Palacio Nacional —la casa de todos— y el rechazo de Andrés Manuel a recibirla, pese a que recibió a las Madres de mayo, de Argentina; y que la Comisión Nacional de Búsqueda nunca hizo levantamiento de cadáveres porque la dejaron sin presupuesto, personal y recursos para cumplir sus cometidos.

El “ya déjenlo en paz” —a AMLO—, de Sheinbaum, en los oídos de las madres buscadoras suena a olvídense ya de los suyos... Se trata más de que AMLO enfrente su responsabilidad por los muertos de su sexenio y por haber permitido que México se convirtiera en un país de fosas clandestinas y de campos de exterminio.

Periodista y maestro en seguridad nacional