Con el fallo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la segunda etapa del Plan B, se pospone el intento de AMLO por controlar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y tener procesos electorales a modo en 2024.
Siguiendo la consigna presidencial de aprobar sus iniciativas sin modificarles ni una coma, Morena y sus satélites pretendieron hacerlo lo mismo en el Congreso, impidiendo que la oposición conociera el contenido de las reformas que pretendían imponer una ley a modo para adelgazar la estructura operativa del INE, quitar atribuciones al TEPJF y modificar el calendario electoral.
Por 9 votos a favor y 2 en contra, incluido el del ministro florero Arturo Saldívar, la SCJN determinó la improcedencia de dicha reforma que modificaba 450 preceptos, con lo que las dos partes del Plan B quedan desechadas (la primera en mayo, y la segunda ahora) con lo que se garantiza que las elecciones de 2024 se harán con la ley vigente.
Los argumentos de quienes respaldaron la propuesta del ministro ponente Javier Laynes Potiseck, señalaron violaciones graves en la aprobación de estas reformas, entre ellas que los diputados no tuvieron un “plazo razonable” para discutir los 450 cambios a leyes secundarias (las aprobaron en apenas 4 horas); su potencial invalidante reside en que se vulnera el principio de deliberación democrática, ya que los legisladores no conocieron las iniciativas, sino hasta el momento de su presentación y discusión, porque no se publicaron con la debida anticipación en el orden del día ni en la Gaceta Parlamentaria; por no motivar y fundamentar la dispensa de trámites parlamentarios al momento de aprobar la iniciativa. Y, también, por cambiar la iniciativa de ley que había sido aprobada previamente por los propios legisladores, ya que hubo dos publicaciones de la reforma electoral aprobada en la Cámara de Diputados.
AMLO y su partido reaccionaron de manera visceral: el primero calificó a la SCJN como “el tribunal supremo del poder conservador”, en tanto que los morenistas en el Congreso amenazaron con imponer un “Plan C”, para lo que buscarán ganar la mayoría calificada en ambas cámaras en 2024. Por su parte, el diario oficial de la 4T (el periódico La Jornada), acusa al Poder Judicial “de completar su golpe a la autonomía del Poder Legislativo”.
En contraste, la senadora morenista y ex ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero, llamó a sus correligionarios a reflexionar en ambas cámaras cómo mejorar su trabajo y los procesos legislativos antes de acusar al vecino porque, dijo, ”yo quiero reconocer que el proceso estuvo atropellado, no se siguió un proceso limpio, transparente, en ambas cámaras”.
Pésele a quien le pese, la verdad legal se impuso, por lo que no cabe el maniqueísmo de acusar a los ministros de la SCJN de malos o corruptos por no haber respaldado la ilegalidad.
López Obrador se ha caracterizado por su falta de respeto al Estado de Derecho y por pontificar como si él fuera la única y absoluta fuente de verdad, lo cual rebela —entre otras cosas— en qué lo ha convertido el poder: en un populista arbitrario que cada día se encuentra más lejos de la realidad.
La decisión razonada de la SCJN nos hace ver que aún no ha sucumbido al control del tabasqueño; y que, en la justicia, la verdad pesa más que el capricho presidencial. Por lo pronto, la razón triunfó y el Plan B fracasó.
Periodista y maestro
en seguridad nacional
