Se incrementan las presiones en contra del personal del Poder Judicial. Además de las amenazas que han sufrido muchos de los empleados por parte de militantes morenistas, ahora se les fue encima el Consejo de la Judicatura. Sí, por acuerdo mayoritario de los consejeros decidieron que termine el paro, de lo contrario les impondrán las sanciones legales correspondientes. Mientras los legisladores federales no cesan en amenazar con juicios políticos en contra de las y los ministros que no aprueban las reformas a la Constitución; exceptuando a las 3 ministras morenistas. A la jueza que dictó la suspensión y orden para que el director del DOF y la presidente bajaran de la página la publicación, también ha sido amenazada, intimidada por haber cumplido con su responsabilidad legal.

El oficialismo utiliza todos los medios ilegales o no convencionales para combatir las resoluciones emitidas por varios jueces que decretaron la suspensión, como la mediatización. No les interesa combatir por los medios legales a su alcance las resoluciones, bien saben que pierden los juicios; por ello es más cómodo y rentable políticamente alegar en los medios de comunicación, replican las mentiras, como aquella en la que falazmente afirman que la jueza carece de derecho y no tiene fundamento alguno para ordenar lo que acordó. Claro que tiene fundamento y razón jurídica la jueza, por ello las amenazas en su contra.

La mayoría de los senadores que aprobaron la iniciativa que reforma los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución desconocen el contenido, no saben de Derecho, simplemente aprueban lo que les mandata el coordinador de su bancada. Sin embargo, quienes sí saben de la perversidad de sus acciones, fueron aquellos que elaboraron la iniciativa. Evitan que en lo sucesivo sean impugnados sus actos legislativos por arbitrarios, ilegales o inconstitucionales que sean; abren el camino a la ilegalidad por parte de la mayoría en ambas Cámaras: Morena y aliados. Consolidan la supremacía legislativa, así no habrá confronta con las facultades de la SCJN, eliminan de esta la facultad de revisión constitucional; que no haya otro Poder que exhiba sus pifias de reformas. De manera concomitante eliminan el derecho que tienen las minorías y otros actores para impugnar cualquier acto ilegal que emita la mayoría en cualquiera de las Cámaras. Blindan todas sus acciones por arbitrarias que estas sean. De forma paralela protegen al Poder Ejecutivo federal para que pueda aplicar cualquier reforma constitucional.