Más poder al Poder Ejecutivo federal a partir del 1 de enero de 2025. Entraron en vigor las reformas a los artículos 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dotan de mayor poder a las atribuciones que corresponden al titular del Poder Ejecutivo federal. Ambas en materia de represión penal. A pesar de los criterios internacionales y del que fuera sostenido por la escuálida Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la disminución de las conducta típicas que permiten imponer la prisión preventiva oficiosa, el Estado Mexicano, con la reforma al artículo 19, hizo lo contrario, aumenta el número de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa; además facultó al ministerio público para pedir al juez imponga la medida a cualquier detenido y el juez deja de tener la facultad para negarse a la promoción ministerial, se convierte en obligatoria.
De tal suerte que el gobierno, entiéndase Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial, eliminó la presunción de inocencia, derechos del cual supuestamente goza cualquier acusado. En lo sucesivo, basta con que solicite el ministerio público la prisión preventiva de cualquier inculpado para que esta proceda. Habrá que defenderse desde la cárcel y no gozando de la libertad hasta en tanto no se resuelva el fondo sobre la culpabilidad o inocencia. Acción que constantemente estuvo impulsando el gobierno de AMLO, quien siempre se quejaba cuando las autoridades judiciales dejaban en libertad a los inculpados en etapa procesal, quería eliminar la presunción de inocencia; aseguraba que se defendieran y que, de ser inocentes dejarían la prisión. Así de simple y rupestre el criterio que hoy está plasmado en la Constitución.
La nueva facultad de investigación que ya no solo compete al ministerio público, ahora se comparte con la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y a las policías. Se amplía el catálogo de funciones de investigación a cargo de más autoridades. Se dota a Omar García Harfuch, de más poder, quien, por medio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adquiere la atribución de formular, coordinar y dirigir la estrategia de seguridad pública nacional, de todos los programas y políticas en la materia; por medio del Secretariado Ejecutivo, tienen el control nacional en los 3 niveles de gobierno en esta materia. El problema, carece de elementos operativos, estos son controlados por la SEDENA. Los legisladores federales no lograron una buena reforma constitucional, les faltan leyes secundarias.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
