De resultados impredecibles la reforma judicial. Mientras continúan los litigios en contra de los vicios procesales y violación de derechos humanos en agravio de miles de empleados del Poder Judicial. Autoridades administrativas y legislativas se resisten a cumplir resoluciones de las autoridades, desdeñando el poder constitucional y legal que les concede a las autoridades judiciales la legislación vigente. Al conflicto de “competencias” y cumplimiento a la ley, se sumó el INE, como autoridad responsable de implementar los mecanismos reglamentarios para llevar a cabo los procesos electorales. De nueva cuenta la autoridad judicial federal ordena al Senado de la República se abstenga de lanzar la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros. Esta vez fue juez distinto a los anteriores quien emitió la suspensión provisional, radicado en Colima.
Como en cualquier otro juicio de la misma naturaleza, el juez de la causa otorga un plazo de 24 horas para dar cumplimiento a lo ordenado a las autoridades del INE y al Senado; y, en caso de incumplimiento, se hacen acreedores a sanciones que van de 150 a 500 días multa, destitución e inhabilitación, incluso cárcel de 3 a 9 años. Es amenaza consignada en la ley y facultad del juzgador imponer dichas sanciones. Serio problema en todos los juicios que se han enderezado con motivo de la misma causa judicial, dado que las autoridades han sido omisas, se burlan de lo que han resulto los jurisconsultos. No hacen caso al Estado de Derecho y se siguen de frente. Seguramente legisladores y demás autoridades tienen en mente que pronto se irá todo el personal que hoy los “amenaza” con imponer la legalidad ¿A eso le apuestan?
A todo esto, la presidenta electa amenazó con crear una iniciativa de lay que abrogue las facultades de los gobernadores para expedir nombramientos de notarios públicos, para, en su lugar, crear nuevas figuras de fedatarios públicos con salarios que pague el gobierno. No más fedatarios que nombren los titulares de los ejecutivos estatales. Falta que quieran centralizar los registros públicos a fin de que, la federación también controle lo relativos a los inmuebles y demás operaciones comerciales que se inscriben en esas instituciones ¿Acaso pretenden desaparecer a los estados eliminando más y más atribuciones propias de cada uno de ellos? La centralización lleva directo a la tiranía, al totalitarismo ¿Acaso pretenden la balcanización de México? ¿Por eso militarizan la seguridad pública?, nada es casual.
