Destruir al Poder Judicial por deficiencias de fiscales y policías de la Guardia Nacional; o por intervención de la UIF; pretexto del autor de la iniciativa de reforma constitucional. Las instancias judiciales descansan en jueces, magistrados y ministros. Dirimen los juicios que ante ellos llevan las partes interesadas; sean civiles, laborales, familiares, administrativos, fiscales o penales. Desde la presidencia de la República se ataca a todas las autoridades judiciales, tildándolas de corruptas, fundamentalmente por asuntos de orden penal; al parecer en las otras ramas no hay problemas; salvo que se trate del pago indebido de impuestos millonarios y pierda los juicios el gobierno federal; exige sentencias a modo, al margen de la ley.
Desde las reformas a la Constitución en materia penal, aplicadas después con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se abroga el sistema escrito imperante para iniciar los juicios orles; meticulosidad en la aportación procesal de las pruebas acusatorias; surgen nuevos derechos en favor de los delincuentes; el anacrónico código penal se abroga, databa de inicios de los años 30as. Por ejemplo, la confesión era la “reina de las pruebas”. Los judiciales acostumbraban la tortura y hacer confesar hechos no cometidos; aportación de pruebas de manera indebida; etcétera. Eso terminaría. Así que, las nuevas reglas procesales en materia penal son más estrictas, exigen mayor rigor, conocimiento jurídico, técnico y pureza en su presentación para integrar las carpetas de investigación a cargo de los ministerios públicos y elementos policiales. Los impartidores de justicia se especializaron en la materia, no así a las autoridades policiales ni ministeriales; terror los juicios orales.
De tal suerte que, todos los vicios provocados por las autoridades administrativas en la integración de las carpetas, son factor fundamental para los juzgadores para decidir el Derecho al momento de impartir justicia. Errores de la carpeta provocan nulidades de actuaciones; luego los juzgadores se ven en la necesidad de decretar libertades de delincuentes por deficiencias de ministerios públicos y policías, aquellos no pueden suplir esas faltas. El titular del Poder Ejecutivo, sin embargo, culpa a las autoridades judiciales cuando pierde los juicios, siendo que, la responsabilidad de una mala investigación recae en ellos, soslayan su culpabilidad. Creer que una elección popular de jueces corregirá tremendos errores, es una falacia ¡Quieren el control de ese Poder!
