En el precipicio el control constitucional que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como poder esencial del equilibrio entre los Poderes. Derivado de las iniciativas de reformas del expresidente y aprobadas al “vapor” por el Congreso de la Unión, no por el Poder Constituyente, las mayorías ficticias en las Cámaras de Diputados y Senadores, arrecian los ataques en contra de la SCJN y del mismo Poder Judicial. La instrucción de AMLO es cumplida por la presidenta, quien también embiste con la misma fuerza política, aunque no con la fuerza de razón, la tesis del “poder reformador del pueblo”. Cuando que, ese pueblo al que aluden y abusan de la expresión todos los de la cuarta transformación es tan etéreo que nadie sabe a ciencia cierta quién representa a casi 130 millones de mexicanas y mexicanos. Ellos afirman que son “mandatos del pueblo”, lo cual es falso.
El vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó iniciativa de ley a fin de cercenar la facultad de la SCJN, para que no pueda cumplir con el control constitucional. Pretende que los actos de las Cámaras legislativas, no puedan ser revisados, mucho menos anulados por la única autoridad con facultades de declarar la inconstitucionalidad de todos aquellos actos que vulneren la Constitución. Así de salvajes las propuestas de los legisladores morenistas. Lo más grave de todo ello, que tiene los votos necesarios y de sobra, para destruir el sistema constitucional que hasta hoy conocemos. No quieren autoridad alguna que revise, mucho menos anule los abusos que puedan cometer. A la vez, otro legislador amenaza a la Corte, el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández, pide a la presidenta Norma Piña, envíe el número de plazas vacantes ¿Cómo para qué? La ministra respondió que hay un amparo en trámite que le impide dar la información.
Dentro del conflicto entre autoridades 4 legisladores federales de MC interponen juicio de amparo, una jueza de Querétaro les concedió la suspensión provisional a afecto de que, todas las legislaturas locales se abstengan de iniciar los trámites de armonización de la reforma hasta que sea resuelto el fondo del amparo, dadas las violaciones procesales para la creación de las reformas. Nueva vía para impedir se consume el atraco a la función esencial del control constitucional. Lo grave de todo ello, es el incumplimiento de las autoridades legislativas y el ejecutivo a lo ordenado por los jueces: destruyen el Estado de Derecho.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
