Les urge la destrucción del Poder Judicial de la Federación, a pesar de los vicios y errores cometidos por los legisladores. Inútilmente la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, solicitaron a los Comités de Evaluación de los tres Poderes, que suspendan todo procedimiento a virtud de la suspensión definitiva concedida en el juicio de amparo 1074/2024, en el Estado de Michoacán. Nada hay que impida a los actores políticos posponer el proceso electoral. Pretendían la suspensión de la convocatoria, la selección de los aspirantes y demás actos que se concatenan con la elección que llevarán a cabo en junio del año próximo. Nada detiene el irregular e ilegal proceso tomando en consideración la orden judicial, que no significa la inconstitucionalidad de la reforma a la Constitución.
Ayer sábado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, otro acto más emanado de la reforma antes referida. No terminan los gazapos legislativos. El artículo primero transitorio prescribe que hoy entra en vigor la nueva normatividad; a su vez, el artículo segundo determina que se abroga la anterior ley. Ello significa, en términos legislativos y jurídicos, que el personal del Poder Judicial debe aplicar la nueva legislación, dado que la otra dejó de tener validez en su aplicación. Sin embargo, los avezados legisladores, tanto diputados como senadores, deciden que, siempre no queda abrogada la anterior, que deberán seguir aplicando la vieja ley, la del 7 de junio de 2021, esa que fue aprobada por la mayoría de los que hoy siguen siendo legisladores de Morena y aliados. La incertidumbre jurídica en plenitud.
Lo cierto que, los autores del desorden buscan a toda costa evitar que los actuales funcionarios judiciales puedan gozar de todos los beneficios que les otorgan las leyes vigentes, acuerdo y beneficios contractuales. Otro conflicto en ciernes. La escases del presupuesto para el pago de indemnizaciones, tomando en consideración que los legisladores redujeron al máximo el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio fiscal del año próximo, en aproximadamente 14 mil millones de pesos. 8 de cada 10 pesos solicitados corresponden a sueldos, salarios y prestaciones, principalmente, por lo que una reducción como la que realizaron afectará la continuidad operativa de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal; además, pusieron en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
