Inconstitucional e ilegítima reforma a la Carta Magna sigue el trámite legislativo de destrucción del sistema judicial conocido hasta hoy. El grupo oficialista del Congreso de la Unión, con los votos en contra de la oposición, ha venido aprobando las leyes secundarias transformadas en clavos ardientes que sepultan el ataúd del Poder Judicial Federal. Nuevas normas jurídicas regularán la vida interna del aparato de justicia. La obstinación a cumplir con el respeto a la autonomía en el ejercicio de sus funciones de los Poderes públicos que dan soporte a nuestro sistema democrático, sin escrúpulo alguno, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, han quebrantado el sistema de equilibrios para que los 3 Poderes no abusen de sus atribuciones; desmiembran al Poder Judicial y evitan que corrija los abusos de autoridad de sus pares. En eso consiste la “reforma judicial”.
Antes de sepultar el equilibrio de los Poderes de la Unión, las autoridades que han promovido el debilitamiento del sistema de justicia, desdeñan, desde ya, las resoluciones judiciales e incumplen con las resoluciones emanadas del Estado de Derecho constitucional. Fueron decenas de acuerdos judiciales emitidos y sometidos al imperio de las leyes vigentes en diversos juicios, que han sido ignorados, vilipendiados ¡No hay autoridad que haga valer la justicia en contra de los políticos! Vivimos en un estado de excepción constitucional, como nunca, salvo en tiempos de la revolución mexicana.
Una jueza de distrito emitió sentencia, la primera resolución en la que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal en favor de varios quejosos, dado que, los legisladores federales violaron el proceso legislativo en perjuicio de los amparistas. En un sistema de democracia y justicia verdadera, el cual hoy no existe, obligaría, una vez más, dejar de seguir la ruta de todas las reformas judiciales a la Constitución, debido al abusivo y flagrante incumplimiento de las normas, arbitrariedades cometidas por los legisladores en el ámbito legislativo. La jueza de distrito evidencia en su sentencia debidamente fundada y motivada, la concatenación de los atropellos y arbitrariedades cometidas a la normatividad del Congreso de la Unión; actos que conllevaron a la nulidad del proceso y a la violación de derechos humanos, a juicio de la autoridad judicial. Así han ido conformado el nuevo e inconstitucional sistema judicial electorero impuesto por el autor de la iniciativa, legisladores y titular del Poder Ejecutivo.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
