Propone la presidenta de la Sala Superior del TEPJF dar vista a la Fiscalía General de la República, para que inicie carpeta de investigación en contra del juez de distrito con asiento en la ciudad de Morelia, Michoacán, por haberse atrevido a ordenar la suspensión del procedimiento electoral, en materia judicial. la presidenta Mónica Soto Fregoso, plenamente aliada del oficialismo, ofrece complicar aún más el sinuoso y peligroso camino de la justicia federal. El juez de distrito, en su momento, determinó que la Sala Superior no tiene jerarquía ni mando jurisdiccional en el ámbito de competencia en materia de amparo; además, que lo resuelto -en aquel momento- no constituía sentencia alguna, se trataba de una simple recomendación, misma a la que se ha referido en varias ocasiones la presidente Claudia Sheinbaum, en respaldo a lo resuelto por la Sala Superior.
En la pagina oficial del TEPJF, aparece publicada con fecha de ayer miércoles, el proyecto de resolución. Esta vez se trata de 25 juicios acumulados para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Ahora no es simple recomendación. La presidenta de la Sala propone en su proyecto hacer caso omiso a la suspensión definitiva otorgada por el juez de distrito y ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial la continuidad del procedimiento suspendido. Pero ¿Por qué la amenaza de la denuncia penal cuando la autoridad actúa bajo plenitud de jurisdicción? Además de la serie de inconsistencias, violaciones a la Constitución cometidas por personal de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ahora se suma la pretensión de la Sala Superior; se confrontan los integrantes del Poder Judicial. Oficialistas en contra de los juristas autónomos, los que, por cierto, debieran ser inamovibles.
Mientras la comentocracia se encuentra enajenada por la llegada de Donald Trump y sus amenazas, en México continúa la destrucción del Poder Judicial, sumándose abiertamente la oficialista presidenta de la Sala Superior del TEPJF, en pro de la colonización de la justicia federal, impulsando la persecución penal en contra de las autoridades del Poder Judicial, simplemente por cumplir con su responsabilidad; bien sabe que ello se resuelve con la interposición de recursos legales, no con denuncias penales. Conflicto de competencias se solucionan con base en la normatividad vigente, no tiene control constitucional la Sala Superior. La escalada de los problemas se agudiza y todo por cumplir con los caprichos del oficialismo.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
