Ganan juicio de amparo 875 funcionarios del Poder Judicial Federal promovido en contra de las Cámaras de Diputados y Senadores, del Poder Ejecutivo, del INE, el Consejo de la Judicatura y todas las legislaturas de los estados. El juez 4º de distrito en el Estado de Querétaro, en materia de amparo, civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales, el pasado 30 de diciembre, desahogó la audiencia constitucional sin la presencia de las partes, quien, en el único resolutivo, determinó que, la justicia de la unión ampara y protege a los quejosos en contra de los actos que fueron reclamados; entre otros, el proceso de insaculación de candidatos a jueces y magistrados, extinción de fideicomisos, cancelación o disminución de pensiones de juzgadores en retiro, reducción de percepciones. El personal del Poder Judicial, continúa en ejercicio pleno de sus atribuciones, sin embargo, hay autoridades omisas que ignoran el Estado de Derecho y “batean” las sentencias de amparo.
En juez determinó en la sentencia que hubo un efecto corruptor, sin deliberación democrática, generando vicios en el consentimiento de algunos legisladores; falta de condiciones de igualdad y libertad. También argumentó que un legislador estuvo preso en el Estado de Campeche, senador de Movimiento Ciudadano, no hubo quorum; ejercieron coacción, amenazas y sobornos. Los quejosos presentaron versión estenográfica de las sesiones desarrolladas en las Cámaras cuando aprobaron las reformas constitucionales. Importante resaltar la referencia hecha por el juez sobre los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales el Estado Mexicano forma parte y que, derivado de ello, las disposiciones constitucionales pueden ser materia de revisión por medio del control de convencionalidad.
¿Qué efectos debiera tener la sentencia de amparo? Que tanto legisladores federales, como la titular del Poder Ejecutivo, literalmente repongan los procedimientos. En un régimen democrático de gobierno regido por el mandato del Estado de Derecho, ningún acto de los impugnados debiera tener validez: están afectados de nulidad plena. Lo hecho hasta la fecha legalmente carece de legalidad por la retahíla de violación a los derechos humanos de los quejosos. La desobediencia a la sentencia por parte de las autoridades legalmente debiera ser castigada: hoy no existe en México. El poder corruptor de legisladores y desobediencia de la presidente hacen nugatorio el juicio de amparo.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
