Después de haber sido “rescatado” del juicio político del desafuero en la Cámara de Diputaos, Cuauhtémoc Blanco, sigue gozando de la protección constitucional. Al siguiente día se dirigió a la Fiscalía de Morelos, pretendiendo rendir declaración en los autos de la carpeta de investigación que se le sigue. Por supuesto que no le permitieron rendir declaración alguna, dado que jurídicamente no es imputado legal y formalmente por la fiscalía. Su abogada, de nombre Naiby Ríos, comentó que no le permitieron declarar, dado que no hay “acto de molestia” en contra de su “defendido”. Derivado del escándalo mediático generado por la “fama” del exfutbolista, exgobernador y ahora diputado federal, medios de comunicación se hicieron presente para la entrevista “banquetera”.
En las afueras de las oficinas de la fiscalía, el legislador Blanco culpó al exfiscal Uriel Carmona de la “persecución de la cual es objeto”. Dijo, entre otras cosas: “aquí estoy; es una revancha política; dios quiera…”. Y no pasó a más.
Otra farsa más del violento exfutbolista ¿Quién no lo recuerda en las canchas de futbol? Su abogada sabía que no le permitirían declarar, como ella misma lo afirmó: “no hay acto de molestia en contra de su cliente”. Cuauhtémoc Blanco, no es cualquier mexicano o mexicana, goza del privilegio de la protección constitucional para no ser molestado por las autoridades, hasta en tanto no sea eliminada la garantía de la que goza: fuero constitucional. Por lo tanto, era más que evidente jurídicamente que no le permitirían declarar y menos en calidad de inculpado. No dejó pasar la oportunidad de acusar al exfiscal; ya no está al frente Uriel Carmona. Por lo tanto, no cabe el pretexto que como argumento sostiene el legislador; hoy día Uriel es perseguido por la acción de la justicia, lo ha declarado la misma presidente de la República. Eliminaron a un fiscal incómodo.
Por lo pronto el legislador está fuera del alcance de la procuración e impartición de justicia gracias al fueron que le otorga la Constitución. Sumado al apoyo político recibido por su bancada morenista en la Cámara de Diputados, que negó la procedencia del desafuero por responsabilidad penal. A ello debe sumarse el “espaldarazo” recibido desde la misma Presidencia de la República. El sistema protegiendo a uno de los suyos, sea o no responsable del delito de violación en grado de tentativa. Sin embargo, sí existe una persona que se dice víctima del delito cometido por el entonces gobernador en funciones, hoy diputado federal; la presunta víctima acudió a la fiscalía del Estado de Morelos y acusó a su agresor, al entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco, de intento de violación, quien no logró concretar el delito gracias a la resistencia que opuso la víctima, según declaró.
Otra de tantas víctimas -mujer- que no consigue la protección de la procuración de la justicia, todo porque el agresor fue un político que goza de la protección del gobierno y la ley. Lo mismo que sucedió en el caso de Felix Salgado Macedonio, otro legislador morenista acusado -en su momento- de varias violaciones, tampoco prosperaron las denuncias; entonces solapado y protegido por el gobierno de AMLO y el beneficio que les otorga el fuero constitucional; Felix Salgado era y sigue siendo senador por el Estado de Guerrero. Políticos que se vuelven intocables, la justicia no los alcanza gracias al fuero y protección política, beneficio del cual gozan muchos de ellos.
Lo inconcebible, en el caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, que muchas mujeres de su bancada lo respaldaron. Aunque otro tanto de legisladoras morenistas estaba de acuerdo en la procedencia del juicio por responsabilidad penal, lo cual generó al interior una serie división que trascendió a los medios tradicionales y digitales. En esta ocasión del diferendo legal, curiosamente desapareció de los medios el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila. Seguramente no quiso correr riesgos y dejó correr las cosas. Ahora tendrá que trabajar para resarcir los daños al interior de su bancada y todo por proteger a un presunto delincuente.
