La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, abiertamente se rebela en contra de las disposiciones judiciales, se resiste a cumplir el mandato judicial que ordenó una autoridad en pleno uso de sus atribuciones legales: bajar del portal del Diario Oficial de la Federación, las reformas promulgadas y publicadas de la materia judicial. La Presidenta replica lo que hacía el otrora titular del ejecutivo federal, López Obrador; su mentor en la política de la insidia y desobediencia a cumplir el Estado de Derecho Mexicano. Si ahora que no tienen el control del personal judicial, no cumplen con las ordenes emanadas de los juicios, ¿qué no harán cuando logren el objetivo de apoderarse de la totalidad del Poder Judicial?

¡Vivimos tiempos inéditos en tiempos de paz! Contumaz desacato de las autoridades en contra de las mismas autoridades. La Presidenta se resiste y justifica el desacato -delito- en razón a que fue un mandato del pueblo. “Una juez no está por encima del pueblo de México”, fue su injustificado razonamiento político y no legal, al incumplimiento de una orden judicial. Una autoridad argumenta no cumplir lo que otra autoridad mandata. Desequilibrio y abuso entre poderes públicos. Rompimiento del Estado de Derecho ¡Justificación ilegal! No existe en ninguna parte del Derecho Positivo Mexicano. Debe argumentar y fundar en los autos del expediente su oposición. Ni en los Tratados Internacionales, mucho menos en la doctrina ni en la jurisprudencia está basado lo que dijo en la mañanera. Inaudito comportamiento.

Además, anunció sin el menor sustento legal, que acusará ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, a la juez que emitió el acuerdo. No fue suficiente la amenaza, también menospreció la actitud de los miembros del Conejo de la Judicatura al descalificarlos. Otra declaración que afianza su voraz apetito de apoderarse del Poder Judicial y así tener el control de todos los jueces y juezas; serán “jurisconsultos” a modo; jueces de consigna, conocidos así en el argot o jerga judicial. Pero, la Presidenta sostiene su endeble argumento en que sí serán confiables las y los nuevos jueces producto de la “tómbola” o la elección popular. Mientras rechaza ilegal e inconstitucionalmente las ordenes judiciales que no le son favorables. Literalmente rompe con el Estado de Derecho, genera caos legal y desconfianza hacia inversionistas y sociedad pensante con el pésimo ejemplo que da tanto ella como otras autoridades en funciones incitando a emular su sediciosa conducta.

Analista legislativo. @HectorParraRgz

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