Las leyes no hacen ni convierten a las y los ciudadanos en hombres honestos. Nuevas normas jurídicas no transforman a las y los ciudadanos en mejores personas. Eso está demostrado. Una mejor educación académica y buenos principios inculcados desde casa, hacen mejores a las personas; así, cuando estas ocupan cargos en empresas o en los gobiernos, se puede asegurar el acceso a un mejor país. Buenos productos y buenos servicios. Las leyes sirven para regular una buena convivencia social y en los supuestos de violaciones a las normas jurídicas, deviene entonces las sanciones que corresponden. No a la corrupción, no al contubernio, no al amiguismo, no a la improvisación, no a la impunidad; de tal suerte que la delincuencia recibe lo que merece. No hay autoridades que solapan ni protegen a quienes quebrantan el orden y la paz social.

Creer que reformar las leyes mejorará la impartición de justicia terminará con la corrupción, es una falacia, una quimera, un equívoco. Es más bien un acto de populismo. Quienes crean que con “pulir” las normas legales todo cambiará, simplemente es un engaño más a la sociedad. En México la corrupción está arraigada en todos los ámbitos: la razón: se educa para ello. El que no tranza no avanza; el año de Hidalgo son ejemplos clásicos de los políticos, esos que engañan con reformar los marcos jurídicos para que todo sea mejor. México en uno de los países a nivel mundial en donde existen demasiadas regulaciones legales; para toda acción se generan normas y se crean sanciones. Sin embargo, la corrupción existe, sea que gobierne el PRI, el PAN, Morena o cualquier otro partido; todos los políticos prometen lo mismos: acabar con la corrupción; inventan cualquier disparate y no cambia nada.

La iniciativa de reformas a la Constitución que pretende acabar con la corrupción en el sistema de impartición de justicia, otra falacia más. Las campañas mediáticas del oficialismo basan fundamentalmente su discurso en ello. Acorde con la redacción de las reformas se augura el debilitamiento en el sistema de impartir justicia en beneficio de la impunidad. No solo en el ámbito penal como se ha privilegiado el discurso; se verán afectadas otras materias, que son la mayoría; y pasan desapercibidas al tratarse de conflictos entre particulares y no con las autoridades; estas saldrán fortalecidas en perjuicio de las y los mexicanos que pretendan acceder a la justicia. Intencionalmente olvidan la participación de los expertos, privilegiando la opinión de los políticos.

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