Los legisladores realizan la interpretación y aplicación de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y la jurisprudencia; ya no es facultad exclusiva de las autoridades judiciales. Facultades metaconstitucionales que les permite violar las resoluciones en los juicios de Amparo. Convertidos en jueces y legisladores. Así lo dejó ver el ahora diputado federal morenista Ricardo Monreal, arrebatando la faculta a las autoridades de “toga y birrete”, dijo en tribuna cuando aprobaron la iniciativa que reforma la Constitución que agrede impunemente la investidura de las autoridades que ejercen la atribución de juzgar a las autoridades que cometen abusos, como el mismo diputado Monreal; éste destrozó la autonomía e independencia de los juzgadores, al aprobar una iniciativa que compromete por “elección popular” a los impartidores de justicia a intereses económicos, políticos o delincuenciales, al someter a tómbola popular a todos los doctos en la impartición de justicia. Monreal y su bancada torcieron la interpretación y aplicación de las normas constitucionales. Su interés eminentemente político, destruye los principios de la impartición de justicia.
La soberanía de la nación se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y el Poder Judicial pretender ser avasallado bajo el ardid de ser un “mandato del pueblo” ¿Cuál pueblo? El pueblo de México se compone por 127.5 millones de habitantes ¿Cuál pueblo? ¿Una parte del electorado? Es una parte de la totalidad del pueblo, cuestión semántica engañosa. Según el INE el “amalgama” de diputados de la coalición morenista alcanzó la cifra de 29 millones, 227 mil, 018 votos; por lo tanto solo tuvieron el 22.9% del total de la población mexicana, luego entonces el 78.9% del “pueblo”, no los respalda, como suelen afirmar.
Monreal y su bancada violaron las suspensiones concedidas por autoridades judiciales a fin de que “pausaran” las discusiones del dictamen, en tanto se realizaba el análisis de posibles violaciones a derechos humanos de los amparistas. Acción delincuencial acorde con la Ley de Amparo y Código Penal, la cometida por los legisladores; pero, como ellos han asumido las funciones de autoridad judicial, aseguran que los jueces carecen de razón legal, a ellos sí les asiste el derecho y la justicia; violaron flagrantemente derechos humanos de los promoventes de los juicios y quebrantaron la orden de autoridad judicial competente. Impredecibles las consecuencias de la confrontación entre Poderes de la Unión.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
