Entre mentiras e ilegalidades se llevó a cabo el traslado de 29 reos mexicanos a los EUA. Las autoridades no se pusieron de acuerdo en los argumentos que darían a los medios de comunicación del cómo y el por qué del intempestivo traslado de los presos de alta peligrosidad. Omar García aseguró que tenían información que les hizo sospechar que podrían quedar libres algunos de los trasladados por orden judicial, en tanto el Fiscal General argumentó que todo fue muy rápido, que el gobierno de los EUA pidió a los reos y fueron trasladados, que no hubo tiempo de nada. La Presidenta de la República también se involucró hablando de la corrupción que, para ella existe en el Poder Judicial, como parte de las razones del traslado. Luego el mismo Secretario de Seguridad comentaría en la conferencia de prensa que la Presidenta nada tuvo que ver en lo del traslado, que fue acuerdo del Gabinete de Seguridad.
Ninguna de las autoridades del Gabinete de Seguridad abordó el incumplimiento a las normas de la extradición y es que, en algunos casos había suspensiones de amparo y otros reos no habían sido sentenciados, mismos que estaban en proceso sus juicios y bajo la jurisdicción del PJ —a disposición de los jueces—, no del Poder Ejecutivo. Evidente que cometieron diversas violaciones a la Constitución, Ley de Amparo —violan suspensiones— y Código Penal Federal; aunque las autoridades alegaron que se fundamentaron en la Ley de Seguridad Nacional y la misma Constitución para llevar a cabo el traslado. Total, que si bien hubo petición de las autoridades judiciales de los EUA, que reclamaban a los trasladados para ser enjuiciados en aquel país, no se cumplió con la legalidad para ello en México; simplemente se debió a la peligrosidad de los reos.
En medio de las tensiones por aquello de la aplicación de los aranceles hasta por el 25% a productos que México exporta a los EUA y las exigencias de combatir en serio a los carteles mexicanos como condición para suspender los aranceles, recordemos que el mismo Gabinete de Seguridad, acudió en pleno a los EUA, para alcanzar acuerdos con sus homólogos y, regresando a México, curiosamente casi de inmediato se da la entrega de reos altamente peligrosos. Todo indica que el gobierno mexicano cedió a las presiones de Donald Trump, en tanto este sigue chantajeando, pide se investigue a políticos y autoridades en México, por la complicidad que existe entre ellos y los carteles. No le falta razón, debe tener información que respalda su “acusación”.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
