Resulta sencillo culpar a los gobiernos neoliberales de la práctica de las desapariciones forzadas, sobre todo sin ninguna prueba que respalde los dichos del oficialismo. El presidente del Senado intenta deslindar a los gobiernos de la cuarta transformación de las desapariciones forzadas y pide se aclare la diferencia que existe entre la desaparición y la desaparición forzada; claro, para que no se culpe al gobierno de AMLO ni al de su “camarada” Claudia Sheinbaum, de la desaparición forzada de aquello que pudieron “desaparecer”, en el rancho Izaguirre. No pueden ocultar lo que en realidad sucede en México desde hace muchos años: la participación de autoridades municipales, estatales y federales en las desapariciones forzadas. De ello existen casos documentados.

Sin embargo, el oficialismo no acepta su responsabilidad en los casos de desapariciones forzadas. No han podido implementar programas oficiales para inhibir, disuadir, combatir y sancionar ejemplarmente a quienes, siendo autoridades, participen con la delincuencia organizada en las desapariciones forzadas. Hay zonas en el país en las que existe el claro contubernio entre autoridades y delincuentes. Ello no significa que el gobierno federal las implemente, como afirma el oficialismo, supuestamente lo hacían en el pasado. Hechos que tampoco demuestran, simple retórica oficial para continuar con la política de culpar de todo al pasado; la diferencia, según ellos, ahora no se materializan las desapariciones forzadas. Es más, niegan las más de 50 mil desapariciones durante el sexenio de AMLO y lo que va del gobierno de Sheinbaum. Les molesta que la ONU haya intervenido, a petición de terceras personas, en la investigación de los casos de desapariciones forzadas y que el gobierno actual pueda ser evidenciado internacionalmente por la falta de políticas de combate a deleznable delito.

No cabe duda que sí existen en México un sin número de desapariciones forzadas. Desde el sexenio de Enrique Peña, se le exigió, por parte de la ONU, la aplicación de políticas para atender la problemática; se hizo lo mismo con el gobierno de Andrés López Obrador. Ninguno cumplió con las expectativas de la Comisión de Desaparecidos del organismo internacional. Ahora que han impulsado nuevamente el resorte para la atención del grave y delicado problema que existe en México, en lugar de atenderlo con políticas públicas que lo resuelvan, se quejan de la intervención. Inclusive, un hecho fuera de la razón y jurídicamente inexplicable, la señora Rosario Piedra, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se molesta, cual defensora del régimen de la cuarta transformación -en lugar de solidarizarse con las víctimas, que es su responsabilidad- y pretende litigar el asunto protegiendo al gobierno y no a los familiares de las víctimas ¡Inconcebible actuación!

Si el gobierno de México no quieres ser exhibido internacionalmente en sesión plenaria de la ONU, debe probar en el procedimiento iniciado, cuáles son los planes, los programas, los presupuestos y el personal responsable de atender y resolver la problemática que aqueja hace muchos años a las y los mexicanos. Evitar la simple y maniquea defensa desgastada de, ellos no practican las desapariciones forzadas, eso lo hacían en el pasado; no resuelven nada. La terquedad de culpar al pasado de los problemas que son de su competencia desde hace más de 6 años y no lo atienden; por el contrario, el problema de las desapariciones forzadas se ha incrementado durante los sexenios de la cuarta transformación, sin que exista la menor voluntad política por resolverlo. Es deseable que, después de concluir las pláticas entre Gobernación y múltiples grupos de ciudadanas y ciudadanos dedicados a la búsqueda de sus familiares desaparecidos, se instrumenten, por primera vez, los mecanismos para abatir de fondo la problemática de las desapariciones forzadas, en lugar de mentir, evadir y responsabilizar al pasado de una realidad lacerante que lastima a miles de familias mexicanas. Es tiempo de vencer a la delincuencia con todo el poder del Estado, en lugar de inventar excusas infaustas.