Denuncian penal, administrativa y electoralmente a la Secretaria de Gobernación por entrometerse en asuntos electorales. Ha violado varios principios en la materia, además de cometer delito previsto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Por ello la denuncia presentada por la diputada federal María Elena Pérez-Jaén. La secretaria Luisa Alcalde se defiende desde la misma tribuna presidencial y acusa a la oposición de hipócritas. Según ella, antes no se quejaban y ahora sí exigen el cumplimiento de la Constitución. La secretaria debe entender, dado que estudió Derecho, aunque no sea abogada, que, en principio, no debe tratar temas electorales dada su personalidad de funcionaria pública; está impedida, mucho menos comentar en favor de su partido utilizando recursos públicos materiales y humanos. Tampoco tiene atribuciones legales para informar públicamente de temas que competen al INE.
La naturaleza de las acusaciones y denuncias presentadas por la diputada federal son procedentes, al menos para darle entrada y se investigue. Resulta obvio que Alcalde sí ha violado la Constitución y otras leyes. Por eso se pide la intervención de la Fiscalía en materia de Delitos Electorales, de la Secretaría de la Función Pública y del mismo INE. La secretaria de Gobernación no goza de la protección constitucional que tiene el presidente de la República, de ahí que legalmente debieran proceder diversas sanciones en contra de Luisa Alcalde. Lo malo, que las 3 instancias que conocerán de las acusaciones y denuncias son controladas por el oficialismo al que pertenece la secretaria, de tal suerte que, jurídicamente serían procedentes, mas no políticamente. Seguramente las denuncias serán desechadas. La próxima presidenta de Morena saldrá avante de la serie de violaciones constitucionales y legales que ha cometido.
El proceso electoral aún no concluye. Estamos inmersos en los últimos días y actos procesales, por tanto, le está prohibido a Luisa Alcalde inmiscuirse en asuntos que no están en sus atribuciones. Más cuando tergiversa los hechos, miente e influye en el ánimo de los consejeros del INE, para influir en lo que ellos resolverán en los próximos días: asignar 200 diputaciones de representación proporcional y 32 senadurías de elección indirecta. El meollo de la disputa, la sobrerrepresentación que quiere el gobierno federal y Morena, que se beneficien para alcanzar más legisladores que la proporcionalidad de su votación en las urnas. Ese es el objetivo.
Analista legislativo. @HectorParraRgz