Sin estado de Derecho se pierde la seguridad jurídica y las libertades. Las autoridades legislativas y el Poder Ejecutivo, han demostrado su falta de respeto a ese estado de Derecho. Son precisamente las autoridades judiciales quienes, por medio de juicios, hacen respetar el Derecho y conceden la razón legal que le asiste a quien ha sido víctima de violación a su esfera jurídica; ese Derecho hoy es vulnerado por la resistencia que muestran, de manera inaudita, las autoridades obligadas a respetar el marco constitucional. La confrontación entre autoridades debilita y hace peligrar nuestro sistema constitucional y legal. Legisladores federales y titular del Poder Ejecutivo, se rebelan en contra de las resoluciones judiciales, excitan a otras autoridades a seguir su ejemplo, sugieren no hacer caso a los mandatos judiciales emanados de juicios sustentados en la Constitución.
Es evidente y claro que las reformas a la Constitución para dinamitar el sistema judicial como hoy lo conocemos, adolece de aberrantes deficiencias, cometidas por los legisladores desde el proceso de creación hasta el fondo de las mismas que no fueron analizadas ni discutidas, por medio de las cuales pretenden desechar la capacidad y la experiencia judicial, eliminando la autonomía e inamovilidad, que no discrecionalidad, para enjuiciar bajo el rigor del debido proceso. Derivado de las reformas que ya se encuentran en vigor, bajo el procedimiento de las suspensiones provisionales y definitivas concedidas por varios juzgadores, tanto la titular del Poder Ejecutivo, como los legisladores, han burlado las resoluciones judiciales; temen que sean declarados inconstitucionales algunos de los actos cometidos durante el proceso, así como por existir normas contrarias a Derechos humanos.
¿Por qué no someterse al imperio de la ley por medio de las autoridades competentes? ¿Por qué resistirse a cumplir con el mandato judicial? Aducen, sin justificación, argumentos sin razón jurídica. No sustentan sus criterios políticos en los juicios debidamente fundados y motivados como lo mandatan todos los actos de autoridad; litigan mediáticamente, cual asunto político y no judicial. Una cosa es la reforma, otra muy distinta el cumplimiento de la legalidad sustentada en la Constitución. Los políticos se niegan a reconocer sus errores, mucho menos corregirlos; si acaso, dijo uno de ellos, habrá mínima “reforma de la reforma”. La mayoría legislativa morenistas va directo al quebrantamiento de nuestro sistema constitucional.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
