Continúa la batalla legal en contra de la inconstitucional reforma a la Constitución que derriba al Poder Judicial y elimina el equilibrio de los Poderes Públicos. Muchos piensan que ya nada se puede hacer. Craso error. Diputados, senadores y legislaturas de los estados cometieron una retahíla de violaciones al procedimiento legislativo, sumado al quebranto de varias suspensiones en diversos juicios de amparo que impedían continuar con el viciado procedimiento que, en suma, también viola Derechos Humanos, no solo de los empleados del Poder Judicial, también de todas y todos los mexicanos, al politizar la justicia y dejar en manos de la cúpula de los antagónicos Poderes, la designación del personal que impartiría justicia. Luego se suma la peligrosa inseguridad que genera la falta de cumplimiento de los Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano.
Legisladores y presidente de la República litigan en medio de comunicación, como vía mediática, para desestimar los juicios interpuestos en contra de las violaciones cometidas por esos actores; desdeñan y menosprecian jugar en la cancha de la justicia, obligación que incumplen. Imponen su criterio personal, deslegitimando las resoluciones de las autoridades judiciales. Totalmente fuera del marco legal y constitucional. Este criterio que no se contempla en rigor ninguna norma legal, litigar en los medios de comunicación, rompe con la seguridad jurídica y cumplimiento a la normatividad vigente, crean ingobernabilidad al ignorar lo que uno de los Poderes Públicos determina conforme a sus atribuciones e imponen criterios políticos, unipersonales. A eso se le denomina totalitarismo.
Mientras tanto, interesados y autoridades jurisdiccionales dan trámite a los juicios interpuestos. Por otro lado, a partir del 16 de septiembre inició el plazo para la interposición de más juicios que seguramente serán de distinta naturaleza en contra de la publicación que hiciera el presidente, quien para entonces ya no estará en funciones. Sheinbaum, hasta hoy la sombra del López Obrador, se ha mantenido en la misma línea de resistencia al cumplimiento de las resoluciones. A ella le tocará enfrentar los conflictos. La senadora Ernestina Godoy, será la jefa del jurídico de la presidencia, fiel impulsora de la negativa a cumplir con lo dispuesto por las autoridades judiciales, augura la misma suerte; el criterio sería el mismo: no cumplir con las resoluciones de las autoridades. Tendrá que litigarlo en el expediente, ya no en los medios.
Analista legislativo. @HectorParraRgz