Políticos generan caos legal e institucional. Un día es un tema, el siguiente es otro en el que opinan los políticos sin el más mínimo conocimiento de la materia legal; sin embargo, sus declaraciones impactan en los medios de comunicación, mismos que replican los gazapos. Esta vez tocó al TEPJF, a razón de un juicio de amparo promovido por una organización civil, dado que ni el Senado de la República, ni el pleno de la Sala Superior, han nombrado a los 2 magistrados que hacen falta en la Sala Superior. El juez de Amparo Rodrigo de la Peza López, concedió la suspensión al promovente a fin de que los magistrados nombren a los homólogos que hacen falta, toda vez que, para realizar el cómputo final de la elección presidencial y declaratoria de validez, la Constitución establece la obligación de reunir el quórum de, al menos, 6 magistrados y actualmente solo tiene 5.
Indignados los magistrados de la Sala Superior, en lugar de impugnar la resolución del juez, se quejan y denuncian penalmente a dicha autoridad. Inconcebible. Todo quieren resolver por la vía de la presión penal. El oficialista senador Monreal, critica y razona que, por ello debe proceder la reforma judicial; en tanto que el Poder Ejecutivo, alista juicio político en contra del juez de la causa. El caos institucional y legal. Los senadores incumplieron con su obligación de elegir a los magistrados e incurrieron en desacato, calificado delito, procede la destitución; pero nada pasó. La Ley Orgánica del Poder Judicial Federal prevé que la Sala Superior nombrará a los sustitutos de los magistrados faltantes de entre los magistrados decanos de Salas Regionales. Por eso el juicio de amparo de particulares.
La normatividad vigente tiene recursos legales para inconformarse en contra de las resoluciones emitidas por autoridades judiciales. De ahí la total incongruencia de la decisión de los magistrados del TEPJF. En lugar de acudir a las normas prefieren denunciar penalmente al juez al considerar que invade su esfera de competencia ¿Cuántas autoridades estarían en la cárcel por lo mismo? Como si se tratase de una acción concertada, la autoridad ejecutiva y legislativa accionan políticamente en lugar de resolver el fondo del asunto: nombrar a los magistrados faltantes para cumplir con sus responsabilidades. No agotan los recursos legales a su alcance. Prefieren confrontarse. El Senado incumple y nada pasa; los magistrados tampoco nombran y lo mismo. El juez resuelve a petición ciudadana y es denunciado penal y políticamente.
