Sobre reacción del gobierno mexicano y su partido a la información que trascendió de la ONU, a consecuencia de las miles de desapariciones forzadas que se vienen dando en México -desde hace años-, sin que tomen medidas eficaces para prevenir, combatir y castigar la práctica reiterada de las desapariciones. Dichos falsos y engañosos justifican la crítica al acuerdo del Comité del organismo internacional. Una nota diplomática por parte de la presidente Sheinbaum, quien sostiene que, “a diferencia del pasado, el gobierno no desaparece personas, ni viola derechos fundamentales, tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad”. Así es como pretende justificar, sin prueba alguna, la no desaparición forzosa de personas; cuando que, tan solo en los 6 meses de su gobierno, han desaparecido casi 8 mil personas. Para nadie es desconocido que si bien “no es política del gobierno mexicano” ordenar desapariciones forzadas, lo cierto que sí está demostrado que ciertas autoridades y policías de las distintas esferas de gobierno, participan con el crimen organizado en la desaparición de personas. Es la conducta que sustenta el Comité de Desapariciones.
La presidenta de Morena adoptó la misma retórica y echó culpas a gobiernos del pasado; olvidó que en el gobierno de AMLO hubo más de 50 mil desaparecidos. No hay, ni ha existido programa oficial alguno que inhiba dicha conducta delictiva. La impunidad se privilegia, por ello la enorme cantidad de desaparecidos, aún más que en países de mayor inseguridad. Uno de los ejemplos más terribles fue la desaparición de los 43 normalistas; consta en el expediente que intervinieron autoridades policiales municipales, estatales y federales, incluso bajo el contubernio de las administrativas. Los policías entregaron al crimen organizado a los estudiantes, después los desaparecieron. Esa es la participación que han acreditado personas interesadas en la búsqueda de sus familiares.
Los extremos de la ignorancia se dieron en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva propuso que se sancionaran a los del Comité. Ahora pretenden la aplicación extraterritorial de nuestras leyes para castigar a funcionarios de la ONU. Lo que resultó inconcebible fue la suma al rechazo a los trabajos del Comité contra las Desapariciones Forzadas, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; institución obligada a defender los derechos humanos; no fue instituida para defender al gobierno. Nula empatía con los familiares de los desaparecidos.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
