Minusválido el Estado de Derecho en México. Dejó de ser el pilar fundamental que brindaba seguridad jurídica a las y los mexicanos. Corre a cargo de las mismas autoridades encargadas de hacer respetar la Constitución y las normas jurídicas vigentes, el incumplimiento del Estado de Derecho. El caos total. Por eso los cárteles hacen lo que le place sin que sean perseguidos por las autoridades; por eso los manifestantes que reclaman a los 43 normalistas asesinados cometen actos delictivos sin consecuencias; por ello las autoridades de seguridad pública reprimen manifestaciones pacíficas que exigen la no aprobación de las reformas al Poder Judicial, utilizando la violencia las fuerzas del orden; por eso el crimen organizado establece zonas de control y cobra derechos cual autoridades paralelas; en el Senado de la República secuestran a un senador para que no asista a la sesión de Pleno y no pasa nada; amenazan a otros senadores para que voten en favor de la iniciativa presidencial sin consecuencias para los delincuentes. Frente a la peligrosa crisis las autoridades aplauden.

Solo unas horas bastaron al grupo mayoritario de senadores para cometer innumerables faltas e ilícitos para aprobar la iniciativa del presidente. Sí, las autoridades legislativas practicando las mismas tropelías que los delincuentes, por lo tanto, más de alguno de ellos cometió varios ilícitos o, al menos, ordenaron la comisión de ellos. Como la privación ilegal de la libertad de uno de los senadores en el Estado de Campeche o las amenazas de denuncias y cárcel a la dupla de senadores —papá e hijo Yunes— y familiares, para que votaran a favor de la minuta proyecto de decreto. Las autoridades cometieron y solaparon toda clase de atropellos a las leyes. Sin pudor y sin miedo al castigo. Ensoberbecidos por la ficticia mayoría legislativa.

Las reformas a la Constitución que, habiendo sido aprobadas en el Senado, a la par eran aprobadas por las legislaturas estatales en las que gobierna el mismo partido. Una prisa inexplicable e inusitada en tratándose de reformas de profunda trascendencia para el sistema de justicia en el país. El INE, también controlado por el gobierno morenista, sin que conozcan lo aprobado -en teoría-, ya maquilan los reglamentos que normarán el proceso legislativo para elegir a más de 1600 funcionarios judiciales. El organismo electoral se suma al caos, al desorden legal impuesto por el Poder Ejecutivo federal. Terrible escenario generado por las autoridades. Incendian el país.

Analista legislativo. @HectorParraRgz