La reforma antiamparos sí será revisada por el pleno de la SCJN. Siempre pueden ser revisadas las reformas constitucionales de acuerdo al artículo 40 de la Carta Magna, afirmación del ministro autor de la ponencia Luis González Alcántara Carrancá, misma que será analizada el martes próximo. El ministro analiza con pulcritud el contenido de las palabras de la reforma judicial y encuentra fallas que, para la enorme mayoría del común de los expertos, pasan por alto. Mediante el artículo segundo transitorio los legisladores pretendieron impedir que resolvieran el asunto al expresar que “los asuntos que se encuentren en trámite se resolverán conforme las disposiciones contenidas en de este Decreto”. Volvió a perder Ricardo Monreal Ávila “Doctor en Derecho”. El ministro afirma que el trámite ya había concluido, está en etapa de sentencia. Términos procesales que desconocen los autores de las reformas.
De tal suerte que sí procede terminar con la etapa de sentencia en la que se encuentra el asunto que será atendido por el pleno de la SCJN. Independientemente de lo que resuelvan las y los ministros, sentarán un precedente enorme en la materia. Además, no tocaron el artículo 103 de la Constitución, otro precepto que faculta al Tribunal Constitucional para revisar cualquier reforma a la Constitución. Solo 2 posibles escenarios serán el resultado de lo que resuelvan; que declaren la inconstitucionalidad de una parte de las reformas o bien, que, por no reunir los 8 votos queden intocadas las reformas.
Ahora bien, después de que se declare la inconstitucionalidad será otro escenario peligroso, el que los responsables de las reformas decidan incumplir con la sentencia de la SCJN, del Tribunal Constitucional. Si ya existe crisis constitucional al no haber dado cumplimiento a una serie de suspensiones provisionales y definitivas, ominoso sería que hicieren caso omiso a la inconstitucionalidad. Es una enorme oportunidad política para corregir el peligroso escenario que han planteado los políticos en franca rebeldía a cumplir con las resoluciones judiciales. Legisladores equivocadamente piensan que crearon la supremacía legislativa. Además, políticos se quejan del presupuesto realizado por el INE que tendrán las elecciones de los funcionarios judiciales, rebasa los 13 mil millones de pesos, sin considerar el desembolso que harán en los estados. La inconstitucionalidad podría servir para calmar ánimos y corregir los errores sin histéricos aspavientos de los irracionales extremistas.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
