Se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que asistieron dos representantes del gobierno federal y los denunciantes, jueces, magistrados y sociedad civil. No le agradó a la presidenta Claudia Sheinbaum, se quejó de la supuesta rapidez para la atención de la demanda, además de argumentar que fue “mandato del pueblo” y las reformas ya son constitucionales. Nada bien les fue en los alegatos a los representantes del gobierno del “segundo piso” ante la OEA. Argumentaron sin pruebas que sustentaran aquello de que: “Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia… en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes; han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales, federales y de los estados”. Insisto, no hubo una sola prueba para demostrar la certeza de la narrativa.
La Presidenta se molestó por la rapidez del juicio en contra del Estado Mexicano, mas nunca se quejó por la excesiva velocidad con que se aprobaron las reformas constitucionales tanto en el Congreso como en las legislaturas de los estados. Ello sí fue verdaderamente inaudito, violaron procedimientos y votaron legisladores ausentes. De estas irregularidades no hubo comentario alguno. En la audiencia quedaron claro los criterios de la CIDH, destacándose que los estándares del sistema interamericano no definen un sistema específico de selección de magistrados y jueces, pero si determinan criterios básicos que deben respetarse, como la meritocracia, evitar injerencias indebidas de otros poderes, es incompatible para el sistema interamericano las remociones colectivas.
Mantienen los criterios que señalan los riesgos de mayor ilegitimidad del sistema judicial frente a sistemas de elección de jueces por la elección popular, hay riesgos de mayor pérdida de confianza de poca participación ciudadana en las elecciones y que, el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias. Estos criterios no existen en las reformas constitucionales. Contrastan negativamente con las obligaciones que incumplieron los legisladores en México. Todo indica que perderá el juicio el Estado Mexicano; también es evidente que el gobierno federal incumplirá con la sentencia.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
