De un tiempo a la fecha la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha metido de lleno a la arena política en favor del oficialismo, haciendo a un lado el deber constitucional de mantenerse al margen y dedicarse exclusivamente a impartir justicia electoral. La magistrada presidenta llamó a las autoridades electorales y jurisdiccionales del país, a proteger el orden constitucional vigente y “dejar atrás las añoranzas al pasado”, que hará valer la elección judicial más allá de las críticas que buscan menospreciar sus determinaciones. Su mensaje fue claro y directo a las y los ministros de la SCJN, que la han puesto en su lugar jurisdiccionalmente, cuando se atreve a “resolver” en sus sentencias que violen las suspensiones otorgadas por jueces de distrito. Alega que nadie puede detener los procesos electorales y tiene la razón, lo que no aclara que ella ordenó violar derechos humanos al no acatar las suspensiones.
Al asistir al informe en Toluca, Edo. de México dijo: “Hago un respetuoso llamado a todas las instituciones y órganos electorales tanto administrativos como jurisdiccionales para que trabajemos de manera cohesionada, regidos por el deber y la convicción de proteger el orden constitucional electoral vigente “sin añoranzas al pasado”. Solo así garantizaremos transiciones de poder ordenadas apegadas a la Constitución y a los principios democráticos “sin comprometer la paz social” que ha caracterizado a nuestro país…”. “No atendamos ningún llamado al debilitamiento institucional y respondamos siempre con el deber y la responsabilidad que nos obliga nuestra Constitución. Debemos estar convencidas… del inmenso valor de nuestro trabajo para la estabilidad democrática de nuestro país”.
¿Por qué la advertencia de la inestabilidad política? Ninguna autoridad judicial ni administrativa ha objetado sus resoluciones. No le agradó que la SCJN la haya puesto constitucionalmente en su lugar; ella y la Sala Superior, no tienen jurisdicción en materia de amparo, entonces no tienen atribuciones para sugerir que las autoridades administrativas violen las suspensiones concedidas en juicios de amparo en favor de cientos de quejosos, mucho menos ordenar la presentación de denuncias penales en contra de jueces de distrito. La magistrada Mónica Soto, con descaro, se declara defensora de las acciones inconstitucionales cometidas por el oficialismo y se aparta de cumplir con su obligación legal de respetar y hacer respetar la Constitución.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
