La invalidez de los procesos electorales del Frente Político por México y de Morena, que proponía Janine Otálara, terminó en empate técnico. Morena lleva la delantera; autorizaron antes continuar con las campañas de los aspirantes, no podían negarle al Frente lo que a otros sí les autorizaron. Si bien la mayoría de los magistrados presentes coincidieron en que este tipo de procesos partidistas pueden vulnerar la equidad de la contienda si se permite su desarrollo sin regulación alguna, se trata, sin embargo, de “mecanismos inéditos” que los partidos están utilizando para definir, en colaboración con la ciudadanía, su participación en el próximo proceso electoral de la Presidencia de la República.
Invalidar la Convocatoria y suspender en su totalidad el proceso sería una medida excesiva. Es posible salvaguardar la equidad en la contienda sin inhibir la participación política de la ciudadanía en los distintos procesos partidistas en curso. Todos seguirán en campaña. Además, siguen vigentes las prohibiciones consistentes en que no se realice propaganda o actos dirigidos a solicitar el respaldo para obtener la candidatura para un cargo de elección popular ¡Pórtense bien!
Todos saben que ese es el objetivo de las contiendas. Para no confrontar, emitieron los siguientes parámetros de comportamiento: “No se pueden utilizar las prerrogativas de radio y televisión de los partidos políticos para difundir o posicionar estos procesos partidistas ni a las personas que participan en ellos; No está permitido el uso de recursos públicos y las personas servidoras públicas deben acatar su deber de neutralidad e imparcialidad; Siguen prohibidos los actos anticipados de precampaña y campaña; El INE debe definir, conforme a la naturaleza de este tipo de procesos, qué tipo de propaganda está permitida, valorando la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas; y debe garantizar el retiro de la propaganda que considere prohibida; debe implementar una fiscalización especializada para vigilar el origen y destino de los recursos utilizados en estos procesos, contabilizando todas las actividades y propaganda que beneficie o posicione a las personas participantes.
El INE deberá emitir un informe con los gastos contabilizados y definir la consecuencia de la fiscalización. Por tanto, determinaron la validez de la Convocatoria. Según ellos, evitar violaciones a los principios de equidad y legalidad del proceso electoral federal 2023-2024.
