En julio de 2020 el proceso de selección para consejeros del INE no reparó en que uno de los perfiles —Norma de la Cruz— no cumplía con al menos dos de los requisitos legales para llegar al puesto.

El primero, ventilado hace tiempo por Reforma, es no tener otra nacionalidad, además de la mexicana. Y es que en 2013 ella se naturalizó como británica, como pude comprobarlo en el acta de naturalización y como ya se había ventilado en una ocasión.

El artículo 38 de la LEGIPE dice clarito: para ser consejero hace falta “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad”. De la Cruz debió renunciar, pero prefirió no hacerlo.

Ciertamente la Constitución ya no impide tener doble nacionalidad a los ciudadanos en general, pero para ciertos funcionarios públicos, electos o no electos, es un impedimento claro.

La consejera se ha defendido del asunto alegando que esta es una norma discriminatoria (coincido que lo es, y nefasta), pero es la norma. Ella alega que existe un fallo del Tribunal Electoral que permitió al integrante de un OPLE con doble nacionalidad desempeñar su puesto.

Como autoridad electoral, sin embargo, de la Cruz debiera ser la primera en saber que ese fallo no establece un antecedente obligatorio, pues no hay jurisprudencia al respecto.

Para que esta consejera pudiera estar protegida legalmente y ostentar otra nacionalidad, tendría que haber interpuesto un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, cosa que no hizo a tiempo y no se le concedió.

El segundo requisito que la consejera incumplió es el de tener residencia en México dos años antes de su nombramiento.

Por increíble que parezca, en el CV que ella misma presentó a la Cámara se puede ver que trabajaba en otros países.

Para aparentar que residía en México, sin embargo, la hoy consejera tramitó una credencial para votar en la que proporcionó un domicilio falso, en la colonia Roma.

Consulté el tema con la consejera y aseguró que ella subarrendaba en ese lugar. Le pedí alguna evidencia, pero dijo no tenerla: ni un contrato de arrendamiento ni recibo alguno. ¿Alguna transferencia de pago de renta? Tampoco. Siempre se manejó en efectivo, asegura.

Pregunté a Samanta Medina Araujo, la persona que vive en el domicilio en cuestión desde hace 12 años, aunque ella negó categóricamente que la hoy consejera haya habitado allí. “Nunca he subarrendado a nadie”, aseguró.

Pero hay más: Como lo di a conocer en La Octava desde el 29 de marzo (información que retomó Reforma sin conceder el crédito), existe evidencia documental de que la consejera Norma de la Cruz le cobró moche a su coordinadora de asesores, quien durante dos años depositó todos los meses 10 mil y luego 15 mil pesos en la cuenta de la madre de la consejera, María Teresa Magaña.

Consulté con la consejera en una llamada telefónica sobre el tema. Tras una larga carcajada aseguró que todo eso era absolutamente falso. Sin embargo, los estados de cuenta de la asesora, entre septiembre de 2020 y agosto de 2022, sugieren lo contrario.