Esta semana participé en el Foro Mar de Cortés, organizado por Fundación Coppel, un espacio que reunió a la comunidad empresarial del noroeste mexicano para reflexionar sobre el futuro de las ciudades de esta región. Uno de los temas centrales durante el primer día fue la seguridad, una preocupación ineludible ante la escalada de violencia que no solo amenaza la paz de las familias, sino que también afecta sectores económicos clave como los servicios y el turismo.
En la discusión quedó claro que la seguridad es un reto que requiere el involucramiento de todos los sectores sociales. Solo con acciones conjuntas entre sociedad y gobierno podremos construir condiciones reales de paz. Desde la academia y las asociaciones civiles, llevamos años trabajando en proyectos locales para reflexionar, exigir a las autoridades y acompañar a las víctimas. Sin embargo, el sector empresarial ha sido, en general, el gran ausente en esta conversación, salvo honrosas excepciones como las que este foro ejemplificó.
Ilustrar la división en las reflexiones y acciones sobre la construcción de paz a nivel local, basta observar el caso de Querétaro. Los recientes incidentes violentos, como el asesinato de diez jóvenes en un bar y otros homicidios que han consternado a la sociedad, evidencian una crisis que lleva años gestándose y que ya no puede ser ignorada ni minimizada. La violencia en la ciudad no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de dinámicas sociales y económicas que ahora exigen respuestas contundentes. En este contexto, la semana pasada ejemplificó esta dispersión en las agendas. Por un lado, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) organizó un congreso que buscó involucrar a estudiantes, profesoras, investigadores y activistas en una reflexión profunda sobre la criminalidad y sus impactos. Por otro lado, el sector empresarial de la ciudad se reunió para discutir cómo implementar las medidas propuestas por la autoridad municipal para revisar bares, poniendo énfasis en aquellos operados por personas foráneas, y declarando que colaborarían en estas revisiones.
Además, es preciso señalar que estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Más que soluciones estructurales, estas medidas parecen diseñadas para enviar un mensaje mediático: “algo se está haciendo”. La participación empresarial en Querétaro sigue limitada a responder a las exigencias de la autoridad, sin involucrarse realmente en la reflexión colectiva ni en la búsqueda de proyectos sostenibles para construir paz.
La construcción de paz en ciudades como Querétaro no puede depender exclusivamente de un sector; es un desafío que exige la acción coordinada de todos los actores sociales. Es cierto que hay responsabilidades que recaen directamente en el gobierno: garantizar la seguridad, prevenir el delito y atender las desigualdades estructurales que alimentan la violencia. Pero también es indudable que las empresas, como actores fundamentales en el tejido social, tienen un papel clave que asumir, especialmente cuando la violencia comienza a amenazar la estabilidad económica y la confianza en los mercados. No se trata de que las empresas asuman roles que no les corresponden, sino de que comprendan que su involucramiento es una estrategia de responsabilidad.
La construcción de paz beneficia a las comunidades y es también una condición para que las empresas prosperen en un entorno estable y predecible.
Investigadora de la UNAM.
Campus Juriquilla
