El asesinato de seis migrantes en Chiapas a manos del Ejército mexicano nos confronta nuevamente con una de las consecuencias más graves de la militarización de la seguridad en México. Este trágico evento no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio donde las Fuerzas Armadas se han involucrado cada vez más en tareas de seguridad pública, un rol que en una sociedad democrática debería estar reservado para las instituciones civiles.
Durante esta primera semana de mandato presidencial, Claudia Sheinbaum ha subrayado la relevancia de las Fuerzas Armadas en su estrategia de seguridad nacional. Los mensajes simbólicos y las ceremonias oficiales han destacado el papel central que seguirán teniendo los militares en su administración. La reciente incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena refleja esta continuidad en la militarización como respuesta clave ante la violencia, especialmente en las regiones más afectadas. Aunque Sheinbaum ha propuesto atender las causas estructurales de la violencia —como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social— el enfoque a corto plazo parece seguir centrado en el uso de las Fuerzas Armadas como principal herramienta para mantener el orden.
La pregunta de si la militarización de la seguridad es reversible surge de forma inevitable. La realidad sugiere que la dependencia de las Fuerzas Armadas se ha afianzado. A medida que las policías locales, debilitadas por la corrupción y la falta de recursos, son incapaces de lidiar con la violencia, el Ejército y la Guardia Nacional se han convertido en actores esenciales en la contención de la inseguridad. Este enfoque, sin embargo, tiene consecuencias a largo plazo: perpetúa una estructura en la que las instituciones civiles no son fortalecidas, lo que erosiona el Estado de derecho y desvía recursos que podrían haberse utilizado para la construcción de una seguridad más sostenible basada en fuerzas policiales civiles robustas.
Además, las Fuerzas Armadas no son inmunes a la corrupción. Casos documentados de colusión entre militares y crimen organizado han surgido en México, lo que socava aún más la justificación de su constante participación en la seguridad pública. Mientras el gobierno sostiene que las Fuerzas Armadas son la única institución confiable para enfrentar la violencia, la realidad muestra que su involucramiento no está exento de riesgos, y que puede contribuir a la perpetuación de los problemas que pretende solucionar.
El gobierno de Sheinbaum enfrenta un reto monumental: equilibrar la necesidad urgente de seguridad con la implementación de políticas que ataquen las verdaderas causas de la violencia. La militarización puede proporcionar una solución temporal, pero no será suficiente para resolver los problemas estructurales que enfrenta el país. Sin un enfoque integral que incluya la profesionalización de las policías y una lucha decidida contra la corrupción, la violencia seguirá siendo una constante en la vida de muchas comunidades.
Investigadora de la UNAM, campus Juriquilla
