La democracia, aunque idealmente concebida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, está llena de contradicciones. A menudo, esta visión se enfrenta a una realidad donde las promesas de autonomía institucional chocan con un ejercicio de poder altamente centralizado. La autonomía de las fiscalías es uno de esos aspectos donde se pone en evidencia esta tensión. Los casos recientes de Querétaro y Sinaloa muestran que la independencia de estas instituciones sigue siendo más un mito que una realidad tangible.
Desde la reforma de 2008 y la creación de la Fiscalía General en 2018, México ha buscado la autonomía de sus fiscalías para evitar la influencia del poder ejecutivo y asegurar la justicia imparcial. Las fiscalías autónomas son esenciales para investigar y procesar delitos de manera imparcial, proteger los derechos humanos y combatir la corrupción. Además, su independencia es clave para fortalecer la confianza pública en las instituciones del sistema de justicia. Sin embargo, la autonomía plena de las fiscalías sigue siendo más una aspiración que una realidad en muchas entidades federativas de México. Dos casos recientes, el de Sinaloa y Querétaro, reflejan la falta de autonomía en la elección y renuncia de fiscales.
Un claro ejemplo de esta problemática es lo sucedido en Querétaro, donde la reciente elección del fiscal generó controversia y críticas por parte de ciertos sectores políticos (morenistas) que denunciaron que se trataba de un "fiscal carnal", es decir, una figura cercana y leal al gobernador en turno. El gobernador Mauricio Kuri defendió la elección del fiscal como una decisión democrática respaldada por la mayoría del PAN en el congreso local.
Lo cierto es que el perfil de Víctor de Jesús Hernández como nuevo fiscal de Querétaro está marcado por una estrecha relación con el actual gobierno estatal, lo cual ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para ejercer el cargo con plena imparcialidad. Hernández ha ocupado diversos puestos dentro de la administración pública de Querétaro, lo que evidencia su cercanía con el equipo del gobernador Mauricio Kuri. Esta trayectoria dentro del gobierno estatal puede ser vista como una ventaja en términos de experiencia y conocimiento del contexto local. Sin embargo, también plantea serias dudas sobre su independencia para actuar frente a casos que pudieran implicar a figuras políticas o intereses del gobierno en funciones.
En Sinaloa, tras el escándalo por la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén, plagada de omisiones y malos manejos, el gobernador Rubén Rocha Moya reveló públicamente que llamó a la fiscal Sara Bruna y le “sugirió” que renunciara. Aunque algunos críticos consideran que la salida de la fiscal era necesaria ante el evidente fracaso y la falta de transparencia en la investigación, la intervención directa del gobernador demuestra su capacidad para "poner y quitar" fiscales, lo que cuestiona seriamente la imparcialidad de las decisiones en estas instituciones. Ahora, ante la próxima designación de un nuevo fiscal, organizaciones sociales han exigido que el proceso sea abierto y transparente, seleccionando perfiles verdaderamente idóneos para asegurar la independencia de la Fiscalía en Sinaloa.
La similitud entre Querétaro y Sinaloa a pesar de las diferencias políticas radica en la falta de independencia real de las fiscalías respecto a los gobernadores. Esta situación no solo resulta preocupante, sino también peligrosa para el estado de derecho. Sin una autonomía efectiva, existe el riesgo de que las decisiones judiciales se tomen en función de intereses políticos, en lugar de basarse en principios legales y éticos. Así, la justicia puede convertirse en un instrumento de control político, utilizado para proteger a los aliados y castigar a los adversarios, lo que erosiona la confianza pública en las instituciones judiciales y socava la legitimidad del sistema democrático. En este contexto, la paradoja de la democracia mexicana se revela claramente.
Para avanzar hacia una verdadera independencia de las fiscalías, es crucial no solo implementar reformas legales que fortalezcan su estructura y funciones, sino también promover un cambio cultural que despolitice el funcionamiento de estas instituciones. La sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía en general deben permanecer vigilantes y exigir que los procesos de designación de fiscales sean transparentes y basados en méritos y capacidaes, para que la justicia deje de ser una herramienta de control político y se convierta en un verdadero pilar del estado de derecho.
Investigadora de la UNAM, campus Juriquilla
