La noticia llegó de forma inesperada. Esta semana, el gobierno de México entregó a Estados Unidos a 29 presos acusados de formar parte de estructuras de la delincuencia organizada. No fueron extraditados, fueron puestos directamente en manos de las autoridades estadounidenses. La presidenta señaló que estos hombres podían haber sido liberados por decisión de los jueces. En más de un caso, los procesos judiciales que enfrentaban en México abrían la posibilidad de que recuperaran su libertad, ya fuera por fallos favorables o por las inconsistencias en el sistema penal.

Pero la posibilidad de que quedaran en libertad no era la única preocupación. Sus procesos de extradición llevaban años en tribunales, algunos con amparos que frenaban su entrega y que podrían haber alargado aún más su permanencia en el país. Incluso en caso de seguir encarcelados, su reclusión en México no significaba la pérdida de poder. Las cárceles han sido documentadas como espacios donde líderes criminales mantienen privilegios, controlan redes delictivas y continúan operando desde dentro. Bajo este escenario, la entrega de estos hombres resolvió tres cuestiones de inmediato: evitó su posible liberación, bloqueó los recursos legales que les permitían permanecer en México y cerró la posibilidad de que siguieran operando desde prisión. Lo que queda por saber es el alcance de los compromisos adquiridos en esta negociación y si este movimiento es parte de un acuerdo más amplio que traerá nuevas revelaciones en los próximos días.

La decisión de entregarlos coincide con dos negociaciones clave con Estados Unidos: la relación con Donald Trump, quien nuevamente ha puesto la amenaza de aranceles sobre la mesa, y el inicio de las discusiones para la revisión del T-MEC, cuya evaluación formal está programada para 2026, pero cuyas mesas de negociación ya están en marcha. Esta entrega puede interpretarse como un gesto de cooperación, aunque también como parte de un juego donde seguridad y comercio avanzan en paralelo.

Poco después de la entrega, Trump concedió una entrevista a un diario estadounidense y dejó entrever que su administración impulsaría investigaciones sobre funcionarios mexicanos con posibles vínculos con la delincuencia organizada. El mensaje fue reforzado días después en una publicación del New York Times, donde se expuso la preocupación del jefe del Pentágono, Pete Hegset, sobre la colusión entre estructuras criminales y autoridades mexicanas.

México, por un lado, necesita mantener abierta la puerta con Trump y evitar las consecuencias económicas de una relación tensa con Estados Unidos. Por el otro, debe sostener una postura firme sobre su soberanía y, sobre todo, definir una estrategia clara para contener la violencia en los territorios. Porque más allá de los acuerdos entre gobiernos, en muchas comunidades la realidad sigue siendo la misma: la gente está cansada de vivir en medio de la delincuencia, de enfrentar un día a día marcado por extorsiones, desapariciones y asesinatos.

Las interrogantes se acumulan. ¿Hasta dónde llega el acuerdo de seguridad con Estados Unidos? ¿Cuáles son los próximos nombres en la lista? Porque más allá de la entrega de estos 29 hombres, las negociaciones pueden incluir un giro mayor: la captura de algún personaje político de alto nivel, de esos que sabemos están bajo investigación por su colusión con grupos que generan violencia.

Académica de la UNAM