En los últimos meses, la violencia en México ha alcanzado territorios que anteriormente se consideraban relativamente tranquilos. Este fenómeno responde a la expansión de estructuras delictivas, a la limitada capacidad institucional para abordar las causas de la violencia y a estrategias gubernamentales que priorizan la contención por encima de soluciones estructurales. Querétaro se inscribe en este contexto. El caso de “Los Cantaritos” no solo generó indignación social, sino que también evidenció la fragilidad de la narrativa que posicionaba a Querétaro como una ‘isla de tranquilidad’ en un contexto nacional profundamente afectado por la violencia.
Nos preocupaba que las primeras reacciones de las autoridades ante este hecho pudieran reflejar una actitud evasiva. Había inquietud ante la posibilidad de que, en lugar de reconocer la gravedad de lo sucedido y comprometerse con acciones concretas, se reforzara la narrativa de que el hecho era aislado y que Querétaro seguía siendo un estado ajeno a los problemas que afectan a otras regiones del país. Este tipo de postura remite a lo que se conoce como políticas de olvido, las cuales parten de la premisa de que la violencia puede diluirse a través de la normalización y el silencio, apostando a que las comunidades regresen a la rutina sin reflexionar sobre los hechos y sus causas. La experiencia en otros estados de México demuestra que apostar al olvido es insostenible. La negación no elimina la violencia; la desplaza, la refuerza y la perpetúa. En contextos donde se han aplicado estas políticas, las víctimas quedan desprovistas de justicia, la sociedad pierde capacidad crítica y las instituciones se consolidan como actores omisos frente a una problemática que debería ser central en su agenda.
La semana pasada el gobernador Mauricio Kuri pronunció un mensaje decidido anunciando la estrategia “Querétanos al Grito de Paz”. La decisión de las autoridades de implementar una estrategia que prioriza la prevención representa una señal de voluntad política para enfrentar la violencia desde la acción colectiva. No obstante, este esfuerzo enfrenta riesgos importantes. Su éxito dependerá de una implementación efectiva con seguimiento constante y transparente. Además, la estrategia debe trascender el ámbito gubernamental e involucrar de manera real a todos los sectores sociales, incluyendo a las comunidades más vulnerables y a las organizaciones de la sociedad civil. Sin este compromiso colectivo, cualquier intento por construir paz corre el riesgo de diluirse en el corto plazo.
En la ENES Juriquilla, asumimos nuestra responsabilidad de contribuir a este proceso desde los espacios educativos. Creemos que la construcción de paz requiere un análisis crítico, la generación de memoria colectiva y la formación de personas capaces de cuestionar las estructuras que perpetúan la violencia. Querétaro tiene frente a sí la posibilidad de convertirse en un referente de cómo enfrentar la violencia desde una estrategia que priorice la justicia, la memoria y la transformación estructural.
Investigadora de la UNAM.
Campus Juriquilla
