“Maestra, ¿supo lo de la Marina en el centro de Querétaro?”, me preguntó una estudiante. Sus amigas compartían la incredulidad. A su lado, una chica de Zacatecas, recién llegada a la universidad, comentó con una mezcla de resignación y familiaridad: “Eso a mí no me asombra”.
La militarización de la seguridad en México no es un fenómeno reciente, pero se ha intensificado en los últimos años como una respuesta desesperada a la creciente violencia. Sin embargo, esta estrategia tiene limitaciones evidentes. El despliegue de militares en tareas de seguridad pública ha generado preocupaciones significativas sobre la violación de derechos humanos y la falta de transparencia en las operaciones militares.
La aceptación de las fuerzas militares y militarizadas en estados como Zacatecas se ha visto influenciada por la desesperación de la población ante la inseguridad. Sin embargo, esta aceptación no debe confundirse con una solución efectiva y sostenible. La militarización puede ofrecer una respuesta inmediata a la violencia, pero no aborda las causas estructurales del problema. Es fundamental reconocer que la seguridad no puede depender exclusivamente de la presencia militar, sino que debe ser el resultado de un esfuerzo coordinado entre diversas instituciones y políticas públicas.
Además, las actividades de los mercados ilícitos no respetan fronteras. Las organizaciones criminales operan a nivel transnacional, facilitando el tráfico de drogas, armas y personas a través de diversas regiones. La reciente operación en Querétaro es una muestra de cómo estas redes delictivas pueden infiltrar incluso las zonas que se consideraban seguras. La globalización y la tecnología han permitido que estos grupos expandan sus operaciones más allá de las fronteras nacionales, desafiando la capacidad de los gobiernos locales y nacionales para controlarlos.
Frente a esta complejidad, es imperativo fortalecer las instituciones encargadas de prevenir la violencia y mantener la paz. No podemos depender exclusivamente de la militarización como respuesta. Se necesitan políticas integrales que incluyan la educación, el desarrollo económico y la justicia social como pilares fundamentales. Las instituciones de seguridad deben estar bien capacitadas y equipadas, pero también deben trabajar en estrecha colaboración con las comunidades para construir confianza y cooperación.
En un país donde la violencia se ha vuelto el triste pan cotidiano, Querétaro parecía mantenerse en cierta excepcionalidad. La reciente detención de una banda del crimen organizado dedicada al tráfico de armas nos recuerda que incluso los lugares considerados seguros no están exentos de la influencia del crimen organizado. No osbtante, la violencia no es un fenómeno que solo viene de fuera; es también una construcción social en nuestro territorio. Se construyen las condiciones para su reproducción a través de nuestras acciones y omisiones.
Investigadora de la UNAM, campus Juriquilla
