En las últimas semanas, Santiago de Querétaro ha sido escenario de operativos destinados a desalojar a trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes del Centro Histórico. Las autoridades locales, preocupadas por la prostitución, la trata de personas y la venta de drogas en áreas emblemáticas como la Alameda Hidalgo, han intensificado sus esfuerzos para mantener el orden y la seguridad. Estos operativos han llevado al establecimiento de diálogos con comerciantes informales y con las trabajadoras sexuales, aunque el objetivo real parece ser despejar estas actividades de la vista pública.
Aunque los operativos en San Francisquito y otras áreas reflejan aspectos positivos, como la preocupación de las autoridades por mejorar la seguridad y mostrar resultados ante la ciudadanía, también demuestran que en la ciudad se refuerza una política punitiva en la que no necesariamente se abordan las causas subyacentes de la prostitución y la economía informal, como la pobreza y la falta de oportunidades. Las autoridades buscan reducir la delincuencia y recuperar espacios públicos para los residentes, lo cual es un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, al enfocarse en desalojos y clausuras, estas acciones terminan siendo más una solución superficial que una estrategia efectiva a largo plazo.
Como argumenta Neil Smith (2016), estas políticas a menudo actúan como formas de limpieza social que refuerzan la segregación y exclusión de las comunidades desfavorecidas, priorizando la predictibilidad y la racionalidad técnica sobre la vitalidad y diversidad urbana. Esto lleva a ciudades "ordenadas" pero menos humanas, donde el control y la vigilancia prevalecen sobre la inclusión y la equidad. Umberto Pagano destaca que tales enfoques pueden resultar en una urbanización homogénea y controlada, sacrificando la riqueza cultural y la espontaneidad de la vida urbana (Pagano, 2022). Estas políticas tienden a dirigir desproporcionadamente sus esfuerzos hacia los pobres y las minorías, ignorando los síntomas de problemas más profundos como la pobreza y las violencias estructurales.
Los vecinos de Querétaro, por su parte, tienen opiniones divididas. Algunos apoyan los operativos, viendo en ellos una forma de recuperar la seguridad y la tranquilidad de sus barrios. Temen que la presencia de trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes pueda atraer actividades delictivas y desvalorizar sus propiedades. Sin embargo, otros residentes critican estas medidas, argumentando que no resuelven los problemas de fondo y solo desplazan a personas vulnerables sin ofrecerles alternativas viables.
Es cierto que los operativos en Querétaro se realizan en coordinación con diferentes instancias gubernamentales, como la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno, la Policía Estatal, el Instituto Querétaro de la Mujer, y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, lo que indica una intención de respetar los derechos de las personas afectadas. Además, es positivo que se estén revisando los permisos, garantizando la seguridad de las trabajadoras sexuales y combatiendo la trata de personas, un problema que por su gravedad requiere de todos los esfuerzos institucionales. Sin embargo, para ser realmente efectivos y humanos, es deseable que estos operativos se acompañen de observadores ciudadanos y organizaciones civiles. La implementación de programas de apoyo integral que aborden las causas subyacentes de la prostitución es crucial. Iniciativas de reintegración laboral, educación y servicios de salud mental y física pueden ofrecer alternativas viables a quienes se encuentran en situaciones vulnerables, promoviendo una solución más inclusiva y sostenible a largo plazo.
Es de esperar que estas estrategias ya estén siendo consideradas en Querétaro y que pronto veamos resultados positivos. Mientras tanto, es crucial que las autoridades mantengan un diálogo constante con las comunidades afectadas para asegurar que las políticas sean más efectivas y humanas.
