El nearshoring se ha convertido en uno de esos términos de moda que todo el mundo parece querer adoptar. No es raro escuchar a políticos y empresarios hablar de ello como si fuese la solución mágica para todos los problemas económicos de México. Se ha transformado en la meta en sí misma, un mantra repetido en cada discurso que, entre cifras infladas y promesas de progreso, parece opacar cualquier otra preocupación. La carrera por atraer inversiones a toda costa inunda las ansiedades de los políticos, quienes ven en el nearshoring una oportunidad que no se puede desaprovechar.
El nearshoring, es cierto, ofrece una oportunidad sin precedentes para México, derivada de las tensiones comerciales globales y la necesidad de las empresas por reconfigurar sus cadenas de suministro. Pero no debemos perder de vista que este fenómeno no emerge en un vacío, sino como una respuesta a la inseguridad global. Las decisiones de ubicación para la manufactura están lejos de ser meramente consideraciones de costos. En su lugar, factores como la estrategia, la gestión de riesgos y la fiabilidad de la cadena de suministro han cobrado una importancia crucial.
En este contexto, México enfrenta una paradoja particular. Mientras el país se posiciona como un destino atractivo para el nearshoring, los problemas de seguridad continúan siendo una amenaza latente que podría minar estos esfuerzos. Como señala Cecilia Farfán en su informe sobre crimen organizado y violencia en México (Organized Crime and Violence in Mexico: Consideration for Future Nearshoring FDI), la presencia y expansión de grupos criminales organizados no solo afecta la seguridad de los ciudadanos, sino que también representa un riesgo significativo para las inversiones extranjeras. Farfán enfatiza que, a pesar de los avances en algunas áreas, el país sigue enfrentando una serie de retos estructurales. Los inversionistas expresan preocupaciones significativas sobre el costo creciente de la seguridad, que en algunos casos supera el 8% de los presupuestos operativos de las empresas.
Querétaro, una de las joyas industriales del país, no está exento de estos desafíos. En los últimos cinco años, el estado ha experimentado cambios significativos en la incidencia delictiva, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras algunos delitos, como el robo a casa habitación han disminuido, otros han mostrado un aumento preocupante. El robo a negocios, robo de vahículos y el narcomenudeo ha crecido considerablemente. Además, delitos que impactan fuertemente en la percepción de seguridad, como los homicidios en vía pública y el hallazgo de fosas clandestinas, han generado inquietud en la ciudadanía
Además, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022 del INEGI reveló que la tasa de incidencia delictiva para Querétaro (en miles de delitos por cada 10 mil unidades económicas) se sitúa en 13.5 por cada diez mil unidades económicas, una cifra que es más del doble de la media nacional, que fue de 6.0. Esta estadística coloca a Querétaro en la segunda posición más alta de victimización de empresas en todo el país, solo superado por la Ciudad de México. Esto subraya la magnitud del problema de inseguridad en el estado y su impacto potencial en la atracción de inversiones.
El desafío para México, entonces, no radica únicamente en atraer inversiones mediante el nearshoring, sino en garantizar que estas inversiones puedan florecer en un entorno seguro y estable. Querétaro, con su crecimiento industrial, está en una encrucijada. Los retos incluyen la gestión de aguas residuales, los altos costos energéticos y la limitada disponibilidad de agua renovable que afectan su competitividad. Y en término de seguridad no puede “dormir en sus laureles”; también es un factor crítico que requiere atención urgente. Si Querétaro desea capitalizar en el nearshoring de manera sostenible, es imperativo abordar estos desafíos de manera efectiva.
Investigadora de la UNAM, campus Juriquilla
