De acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral, para la Cámara de Diputados, Morena obtuvo 40.4 %, el Partido del Trabajo 5.4 y el Partido Verde 8.3, en total reúnen 54.1 % de los votos emitidos.
Sin embargo, el 2 de junio pasado, la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer los resultados electorales preliminares y aprovechó el momento para declarar ante los medios y sin tener facultades para ello, una “asignación de diputados y senadores de representación proporcional”, con base en una muestra estadística que es el conteo rápido.
Posteriormente, la secretaria de Gobernación que tampoco tiene facultades para intervenir en estos asuntos electorales, ratificó los supuestos resultados electorales de la jornada del 2 de junio, incluida desde luego la asignación de diputados y senadores de representación proporcional de manera individual a los partidos políticos, sin tomar en cuenta que compitieron coaligados. Faltaban los cómputos distritales (300), locales (32), de circunscripción (5) y la asignación de diputados federales de representación proporcional, para formular declaraciones con alguna certeza jurídica. Pero, además, el gobierno anunció que su coalición estaría por recibir 372 diputados, el 74.4 %. Una sobrerrepresentación del 20.3 %. Un despropósito y un exceso autoritario.
Si tomamos en consideración la votación nacional emitida, restando los votos nulos, por candidatos no registrados e independientes y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que perderá su registro al no alcanzar el 3 % de los sufragios, subirá el porcentaje que corresponde a cada uno de los seis partidos que sobreviven y que tienen derecho a diputados plurinominales. Así, la votación nacional emitida a favor de los tres partidos de la coalición gobernante sería de 57.9 %, es decir, 16.5 % por debajo del 74.4 % de diputados que Gobernación pretende. Se trata de un abuso por más del doble del límite impuesto por la Constitución de hasta ocho puntos porcentuales.
La distorsión de la voluntad popular sería enorme. Implicaría que la segunda fuerza política más votada, el PAN, tuviera menos diputados que el PVEM aunque tuvo más del doble de sufragios ciudadanos. Se estaría sobrerrepresentando tanto al Verde hasta el grado de convertirlo en la segunda bancada aunque es la quinta fuerza en votación popular.
Y al PT que fue el partido con registro menos votado en el país, con 5.8 % de la votación nacional emitida se le otorgaría la cuarta bancada, con más legisladores que el PRI y Movimiento Ciudadano que recibieron muchos más votos.
Sería atentar contra el principio de igualdad del voto en que se sustenta la democracia, se trataría de sobrecargar el peso de los votos, al traducirlos en curules, y de comprimir al mínimo los votos populares depositados a favor de la oposición.
En el esquema que ha usado el partido del gobierno en las dos últimas elecciones ganan todos los coaligados: los partidos menores porque consiguen bancadas que sus votos en las urnas no les permitirían; el partido grande porque se hace de más diputados plurinominales..
Pero pierden los ciudadanos que votaron por otros partidos, cuyos sufragios acaban subrepresentados en las cámaras, así como las bancadas de oposición que tienen un porcentaje de diputados menor que el porcentaje recibido en las urnas.
Una sobrerrepresentación por encima del límite constitucional, para construir una mayoría calificada en la Cámara de Diputados pone en peligro el régimen democrático, es decir, la desaparición del orden constitucional vigente, que considera la separación de poderes, la autonomía de las autoridades electorales y la independencia de los poderes Legislativo y Judicial frente al Ejecutivo.
Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador federal y local. @Chucho_RH
