Mucho se ha dicho por parte del oficialismo federal, que todas las manifestaciones en contra de la Reforma al Poder Judicial ha sido para seguir manteniendo los privilegios de ministros, magistrados, jueces y personal del Poder Judicial de la Federación, sin embargo lo que está en juego no es el privilegio de estos funcionarios de ese poder, sino el privilegio que el “pueblo bueno” tenemos para tener un poder autónomo y que sirve de contrapeso a los excesos o ilegalidades que cometen los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.

Esta ha sido la base y sustento del gobierno en nuestro México Independiente y que está plasmada en la Constitución General de la República, promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917 y en la que se establece su artículo 49 que “ El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, aún cuando pasaron muchas décadas de años para que esto fuera una realidad a, de tal forma que considero que hasta el primer gobierno de alternancia en el año 2000 que encabezó el panista Vicente Fox se llegó a concretar.

Es más el propio presidente Vicente Fox, como demócrata que es, logró acuñar una frase que dice “El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone” y considero que que debió agregarse “y si no, ahí está el Poder Judicial” y además a raíz de ese actuar como poder autónomo e independiente comenzaron a fluir las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Estas figuras jurídicas que vinieron a enriquecer el Sistema de Control. Aconstitucional y fortalecer al propio Poder Judicial Federal , se dieron en el años 1994 y 1995, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y en la que fueron partícipes también los legisladores del Partido Acción Nacional. Esas reformas aún cuando disminuyeron de 26 a 11 Ministros los integrantes del Poder Judicial en lugar de debilitarlo lo fortalecieron y fueron bien recibidas como garantes de la seguridad jurídica.

Es más en esas reformas se instituyó la figura de elección de los ministros de la Suprema Corte para que fuera el Senado quienes los eligiera a propuesta del Ejecutivo, para una mayor fortaleza y legitimidad, considerando que comenzábamos a caminar por la transición democrática y para el caso que el Senado de la República no pudiera elegir a los ministros por no haber alcanzado la mayoría calificada en dos ocasiones, el Titular del Ejecutivo tuviera la facultad de nombrarlo para no tener un poder débil.

Pero cual sería la sorpresa, que apenas el año pasado el Titular Ejecutivo hizo uso de esa facultad y desgraciadamente nombró una ministra que hasta la fecha ha llevado a la práctica aquella práctica que ha tenido en sus nombramientos “90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad”.

En el 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de Ley para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de:La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional; la Ley Federal de Defensoría Pública; la Ley de Amparo; la Ley Reglamentaria de las fracciones uno y dos del artículo 105 de la Constitución; y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con este paquete legislativo se suponía que se estaba fortaleciendo al Poder Judicial y que fuera propuesta por el presidente cuando el Presidente de la Suprema Corte de Justicia era el Ministro Arturo Saldivar Lelo de la Rea, pero considero seguramente que no se estaría aplicando cuando en los hechos fue rechazada la pretensión para que esa presidencia se ampliara por dos años.

Así fue que el 5 de febrero pasado y como diría el clásico +al cinco para las doce” propuso una serie de 18 o 20 reformas constitucionales, entre las que se encuentran dos que son totales para la Seguridad Jurídica tanto para el “Pueblo Bueno” como para los inversionistas que generan empleo para ese “Pueblo” y que son las del Poder Judicial y la desaparición de la mayoría de los órganos autónomos.

La primera de manera atropellada y desaseada desde el punto de vista legal, ha sido ya aprobada por la Cámara de Diputados, pretendiéndose por parte de la coalición mayoritaria integrada por legisladores de MORENA – PT – VERDE y dls agregados del PRD, que sea votada la semana entrante, no obstante el daño enorme que se está haciendo al andamiaje constitucional, legal y de seguridad jurídica que hoy tenemos y que incluso ya está pegando sus efectos en el ámbito estatal como nuestro caso.

Aún queda la esperanza que en el Senado con el bloque opositor de PAN -MC – PRI puedan detener esa pretensión, pero se necesita que ningunos de quienes fueron electos y asignados por representación proporcionar a esos partidos políticos no muden en favor del oficialismo, ojalá y eso sucede, recordando en este mes patrio que en nuestro himno esa gran frase que dice “ piensa ¡oh Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio”.

Que recuerden que esta reforma no se trata de defender privilegios de quien de alguna u otra forma trabajan en el Poder Judicial, sino es en defensa que tenemos todo el pueblo de México de tener un Poder Judicial fuerte y autónomo, que es es real contrapeso de los otros dos poderes, que hoy por desgracia que son uno sólo con la fusión mayoritaria que tuvieron el pasado 2 de Junio, ojalá que así sea.