Los Constituyentes reunidos en nuestra ciudad de Querétaro en el Teatro Iturbide ahora Teatro de la República, establecieron en ese texto magno en su capítulo tercero de los artículos 49 a 107 la División de Poderes del Estado Mexicano, conforme a la teoría de Montesquiu, y en su artículo 49 establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que conforme a dicha norma suprema, no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona, salvo excepciones previstas en la propia Constitución.

En cuanto al Poder Judicial se establece que se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, Colegiales de Apelación y en Juzgados de Distrito y para su administración a excepción de la Suprema Corte de Justicia en un Consejo de la Judicatura Federal y en el artículo 96 se establecía que los ministros serían electos por el Senado de la Repúblico por al menos las dos terceras partes de sus integrantes presentes, en tanto que jueces y magistrados por el Consejo de la Judicatura.

Apenas en octubre pasado se realizó la reforma constitucional y se estableció que la elección de ministros, magistrados y jueces, se realizará mediante el voto directo de los ciudadanos, por lo que este primero de junio de 2025 será la más grande de la historia de México, ya que se pretende elegir 881 cargos en disputa a nivel federal y cientos de cargos judiciales locales en 19 entidades. Por lo que el número de boletas es casi del doble que en la elección federal de apenas hace un año. Aunado a esto habrá elecciones federales en Veracruz y Durango.

De manera específica para los cargos judiciales ya este primero de abril ha iniciado el proceso de campaña de quienes pretenden ser nuestros juzgadores en todo el país, mediante un proceso que ha presentado muchos desafíos por su apresurada ejecución y que estará marcado por recursos insuficientes para organizar la elección con estándares de cobertura y calidad dudosos, por la incidencia de la movilización del voto para definir quién gana, por la complejidad de las boletas y por topes de campaña muy bajos que impiden que las campañas sirvan para promover el voto informado.

Ante este escenario es previsible que pudiera haber muchos recursos financieros y en especie que no serán reportado al INE y que desgraciadamente hasta pueden ser producto de acuerdos con grupos delincuenciales, que por desgracia se han apoderado del control de algunas regiones de nuestro país.

Se van a elegir 831 cargos de 3,423 candidatos, y las boletas ha sido diseñadas por colores y por numero de candidatura, de tal manera que se corre el riesgo que la votación se dé por planilla y no por persona, con el apoyo de partidos políticos y grupos de interés en la votación. Hay candidatos que desde antes de iniciar las campañas iniciaron con su promoción.

En nuestro caso para este proceso no tendremos la elección de magistrados y jueces, pero de seguir así la disposición legal, tendremos las elecciones judiciales, ejecutivos y legislativos, tanto a nivel federal, local y municipal para el primer domingo de junio en 2027,

La plataforma del Instituto Nacional Electoral da amplia información de este proceso e incluso hasta simuladores de la elección contiene.

Como ya lo he expresado en otras entregas es una lastima que el Poder Judicial en lugar de fortalecerlo se debilite, con este tipo de proceso, además que gente valiosísima y talentosa estará dejando de prestar sus servicios a partir del día último del mes de agosto y es una lástima por que a pesar de lo que se diga tenemos un Poder Judicial eficaz y que estaba logrando ejercer sus facultades de real equilibrio de los poderes.

Ahora participar o no en la elección del próximo primero de junio, es una decisión personalísima, y del resultado tendremos si habrá un Poder Judicial más fuerte o más debilitado.