La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con una importante cantidad de órganos para cumplir sus funciones. Además de la Asamblea General, la Secretaría General y el Consejo de Seguridad, hay relatores nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para cumplir tareas específicas. Dada la complejidad de la agenda en esta materia, los hay para las detenciones arbitrarias, los desplazados internos, la desaparición forzada o involuntaria, o las libertades de opinión y expresión, entre otros. Desde 1994 se creó la Relatoría sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados para enfrentar las violaciones a los derechos humanos en ambos campos. A partir de entonces diversos relatores han contribuido a la observación, prevención y crítica de las acciones estatales en contra de la independencia de los jueces y de la afectación de los medios de defensa de los particulares en todo el mundo.
Es en este contexto que la actual Relatora Especial emitió el 29 de julio de este año el informe sobre la iniciativa de reformas judiciales presentada el pasado 5 de febrero por el presidente López Obrador. La relatora sostiene que, de llegar a aprobarse tal iniciativa sin modificaciones sustanciales, se socavaría la independencia de la judicatura nacional. En particular se refirió a la elección popular de los juzgadores, la creación del tribunal de disciplina judicial, la reducción de integrantes de la Suprema Corte, la vinculación de las remuneraciones judiciales a las del Ejecutivo Federal, y la ampliación de los supuestos de juicio político. Se refirió también a la intimidación de los juzgadores mediante los ataques verbales realizados por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El oficialismo gubernamental reaccionó pronto a los pronunciamientos de la Relatora Especial. Una parte acudió al manido expediente de la soberanía nacional, desconociendo que nuestro país forma parte del sistema de Naciones Unidas y que sus órganos cuentan con competencias legítimas para pronunciarse sobre lo que acontece en nuestro país. Otros críticos se limitaron a cuestionar a la Relatora o a su informe sin molestarse en generar un diálogo sobre sus comentarios.
Este gregario actuar ha perdido de vista que la Relatora presentó sus objeciones basadas en una doctrina pública y reiterada que, en su momento, le permitirá a la comunidad internacional y a sus órganos calificar lo que López Obrador busca realizar y el Congreso aprobarle sin más. Es por ello que, en caso de aprobarse la reforma en sus términos, los órganos de la ONU y otros regidos por los mismos principios, habrán de considerar que la reforma aprobada es violatoria de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional. Llama la atención que, en la emoción por complacer ciegamente a su líder, los legisladores que con él se van o los que llegarán el 1° de septiembre, no consideren seriamente el informe de la Relatora. Su rechazo les complicará hacerse los sorprendidos o los indignados cuando se produzcan las previsibles reacciones internacionales por lo que les está siendo claramente señalado y advertido.
Ministro en retiro de la SCJN.
