Sin la presencia de los representantes del Legislativo y con la sola asistencia de un subsecretario en representación de la presidenta, la ministra Norma Piña presentó su informe de labores. Esos dos poderes no solo refrendaron las groserías que ya habían multiplicado en el pasado, sino develaron (una vez más) la noción patrimonialista y autoritaria que tienen del Estado. Creen que en ellos encarna y no entienden o no quieren entender que el Estado está compuesto por una constelación de instituciones y que ninguna está obligada a plegarse a la voluntad de la fuerza mayoritaria. Eso es lo que distingue a los Estados democráticos de los autoritarios.
La ministra Piña dio cátedra. Sus palabras deberían ser leídas por todos los interesados en el futuro del país. Son una lección de lo que debe ser un poder del Estado y la dignidad de sus funcionarios. Su premisa debería ser incontrovertible: “Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado y controlado”. Y esa labor, que se encuentra en el núcleo duro de la división de poderes, es una de las tareas de la Corte, aunque al ejercerla genere tensión con otros poderes. Por ello la independencia judicial no es un lujo, sino la condición para cerrarle el paso al ejercicio del poder caprichoso.
Como la ministra señaló, el Poder Judicial, y en especial la Corte, fue obligado a actuar en un “contexto sin precedentes”. Una campaña de descalificaciones disparada desde la Presidencia de la República plagada de falacias y de la cual se hicieron eco los canales públicos de comunicación y no pocos medios privados. A los ministros se les llegó a calificar de “traidores al pueblo” y las redes se plagaron de insultos y amenazas. ¿Por qué?
Porque la Corte defendió su autonomía y decidió, con la Constitución en la mano, en contra de deseos presidenciales. La ministra Piña recuerda tres episodios que dispararon la campaña y la infundada reforma judicial: 1) Cuando la Corte invalidó “el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”. 2) Cuando la Corte declaró inconstitucional un decreto presidencial que pretendió que por motivos de “seguridad nacional” las obras públicas, “anulaban mecanismos que tutelaban derechos fundamentales… como la consulta popular, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales”. Aunque luego el presidente se salió con la suya. 3) Cuando la Corte echó para atrás el llamado Plan B, una pretendida reforma electoral que se realizó con “graves violaciones al procedimiento legislativo”.
Es decir, la Corte actuó de acuerdo a sus facultades, frenó disposiciones anticonstitucionales, lo hizo porque es un órgano del Estado autónomo, no subordinado a ningún otro. Y eso enfureció al presidente que actuó como si él, y solo él, expresara la voluntad nacional.
No han faltado quienes le reclamen a la Corte su supuesta falta de “sensibilidad política”. Me recuerdan a aquellos que frente a la violación de una mujer arguyen que ésta llevaba minifalda y/o que era de madrugada, como si no tuviera derecho a vestirse como mejor quiera y a andar de noche. Pretenden hacer a la víctima corresponsable. Pues bien, el Poder Judicial es la víctima y los victimarios están claros.
Profesor de la UNAM
