Las noticias de los hechos más relevantes en el país siguen siendo negativas, de violencia o corrupción, cada día perdemos la capacidad de asombro con los detalles de las historias.

Esta semana continúa la reseña del ex gobernador cuyo funcionario responsable de las finanzas rentaba una casa donde guardaba millones de pesos en efectivo. Difícil creer que con sueldo de servidor público acumulara de manera honesta tales sumas. En un Estado de derecho el ciudadano compromete su obediencia civil para que el funcionario garantice y haga efectivos su libertad y derechos; a veces alguno no cumple por buscar su interés particular con la violencia o el delito. Pero el más pernicioso es el que compra al que aplica la ley, silencioso, taimado. El peor de todos: el que usa un cargo público para su beneficio.

La corrupción presenta diversos contextos y enfoques, tantos que la Organización de las Naciones Unidas no tiene una definición del concepto porque la multiculturalidad impone que la ley o moral en una sociedad no lo sea en otra.

Sin embargo, un acto corrupto se describe en cualquier lengua, de ahí que el esfuerzo de las naciones del mundo ha logrado coincidencias en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción celebrada en Yucatán en diciembre del 2003, que obliga a México desde 2004.

La convención orienta los esfuerzos de los países y marca las directrices de la cooperación internacional; describe la gravedad de la corrupción que afecta la estabilidad y seguridad, con grave daño para al desarrollo de los pueblos porque mina las instituciones y valores de la democracia y la justicia de tal manera que facilita la delincuencia, en particular la organizada y la económica, con lo que adquiere una dimensión transnacional que afecta a todas las sociedades.

El tratado obliga a políticas y prácticas anti corrupción: que los órganos encargados de la lucha sean independientes; que exista el servicio público de carrera de tal manera que los cargos públicos sean sujetos a concurso, incluyendo los de titulares especialmente vulnerables; que la remuneración sea adecuada y equitativa conforme al desarrollo económico del país; dictar lineamientos para códigos de conducta, de contratación, gestión y administración del presupuesto y, cumplir con la rendición de cuenta pública.

También obliga a medidas para mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado y abre la participación activa de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción, conocida como contraloría social; define las conductas que deben ser delitos en la legislación interna, desde el soborno y obstrucción de la justicia hasta el lavado de dinero.

Muchas de estas medidas se practican en México pero sin articulación integral, con importantes omisiones estructurales como la falta de independencia de las contralorías, no someter a concurso el nombramiento de funcionarios de primer nivel, que los sueldos sean acordes a la situación del país, el control del sector privado y concretar la transparencia.

El gobierno federal ha publicado la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; reformó la Ley Orgánica de la administración pública federal que extingue la Secretaría de la Función Pública. Actualmente el Senado trabaja las reformas constitucionales para crear dos órganos fundamentales contra la corrupción, la Comisión Nacional Anticorrupción y el Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Es necesaria una estrategia de Estado para acabar con las historias de ex funcionarios cuestionados públicamente, juzgados en los medios pero no en los tribunales, para que la autoridad nos cuide del corrupto, porque del delincuente y el violento ya aprendimos a hacerlo.

Especialista en seguridad y ex procurador General de Justicia