En México se festejó el día del abogado el 12 de este mes, pues en cada país se celebra en distinta fecha. A iniciativa de un medio de comunicación se declaró, desde 1960, tal día con motivo de la conmemoración de la primera cátedra de Derecho impartida en nuestro territorio en 1553, a cargo del licenciado Bartolomé Frías y Albornoz, misma que las autoridades de ese tiempo declararon posteriormente como prima de leyes, es decir, obligado conocimiento de cualquier estudiante de jurisprudencia, cuya instrucción debía comenzar con el estudio de los principios del Derecho de la compilación de Justiniano.

Tal acontecimiento histórico fue parte de los eventos de la fundación de la actual Universidad Nacional Autónoma de México, el 25 de enero del último año citado.

La importancia de la función social de los licenciados en Derecho, (la licenciatura es el grado universitario que otorga patente para ejercer un determinado conocimiento científico: en medicina, ingeniería, etcétera), es fundamental para que exista el orden común regido por la ley, como producto del Derecho.

Esta ciencia es tan importante, como la razón de la existencia social misma, pues la propia evolución nos ha mostrado que las necesidades humanas, empezando por la sobrevivencia, solamente han sido solventadas por el fuerza que da el agrupamiento de individuos. Desde hace siglos, teólogos y filósofos debaten su distinción o unidad con la moral y, actualmente, bajo los presupuestos de libertad e igualdad derivados de la Ilustración, la discusión se centra en determinar los derechos humanos universales en un mundo global, pero con grandes distingos culturales y abismos de desigualdad social.

O se llega a un consenso mundial y local sobre las condiciones mínimas de dignidad para convivir, que imponga su obligatoriedad en una ley o la violencia y descomposición social se encargaran de hacer patente la vulnerable condición de la especie humana.

Tan relevante es el Derecho que el organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial para evitar un nuevo Holocausto, la Organización de las Naciones Unidas, le ha dedicado tanta atención como a ninguna otra profesión en foros, asambleas y promoción de la conducta ética de los profesionales del Derecho con declaraciones no vinculantes, pero que orientan las actividades que impactan directamente en la búsqueda del bien (cualquiera que sea la perspectiva que se tenga).

Son varios los pronunciamientos específicos para las principales funciones de los profesionales del Derecho. En el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de La Habana, en 1990, se declararon los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, que se refieren a los profesionistas dedicados al asesoramiento legal independiente, en la defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos como agentes de la administración de justicia.

En el mismo Congreso, se emitieron las directrices sobre la función de los fiscales, que dispone que estos funcionarios serán personas probas e idóneas, con formación y calificación adecuada, para cumplir con imparcialidad, firmeza y prontitud sus funciones primordiales de respetar y proteger la dignidad humana, defender los derechos humanos y contribuir a garantizar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

Antes, en 1985, en el Sexto Congreso se adoptaron los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, que —entre otras cosas— obliga a los Estados a garantizar la independencia judicial y proclamarla en la Constitución o la Ley, para que los jueces resuelvan los asuntos con imparcialidad, basándose sólo en los hechos y el Derecho, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones de cualquier sector o motivo.

Tener presente la magnitud de cada una de las principales áreas del ejercicio del Derecho es obligación profesional, pues como lo afirma el filósofo Jürgen Habermas, la mejor ciencia social es el Derecho porque pretende vincular la moral con la realidad social, garantiza seguridad y otorga legitimidad, que es la esencia de la convivencia común.

Especialista en seguridad y ex procurador General de Justicia