Todo parece apuntar en la Unión Europea al fin de la utopía. Un proyecto fundado en el concepto de la cohesión social, que lleva implícita la solidaridad entre países y regiones de diversos niveles de desarrollo, tenía como objetivo la integración de un mercado internacional animado por los valores públicos, los derechos humanos y las libertades civiles.

Durante décadas permitió la convergencia de gobiernos con distintas ideologías tanto como la formación de consensos políticos que fortalecieron la unión, hoy al borde de la bancarrota por la rigidez de las soluciones y las olas crecientes de inconformidad y de protesta.

Una política de cohesión social debe ser entendida en dos dimensiones: el plano vertical que tiende a incrementar la coherencia entre los integrantes de la comunidad mientras se reducen las desigualdades materiales. Ello supone sistemas fiscales relativamente homogéneos para que todos aporten al bien común proporcionalmente. Significa una lucha contra los islotes de pobreza para favorecer la participación productiva de todos en el progreso económico. También la universalidad de la seguridad social.

En el plano horizontal, esta política intenta ofrecer a todos semejantes oportunidades de entrada. En tanto la distribución del ingreso con base en los mecanismos del mercado tiende a ahondar las diferencias en el acceso al bienestar, se ponen en práctica medidas que contrarresten el proceso de concentración de las ganancias a través de la transferencia de fondos estructurales y sectoriales. La homologación de salarios contribuye a una plataforma común y reduce los flujos migratorios que serían imparables por la libertad de tránsito de las personas.

Las reglas del juego europeo carecerían de sentido sin el ejercicio de esas medidas compensatorias al nivel de la unión y al interior de cada país. Por el contrario, la ruptura de esa filosofía solidaria coloca en situación vulnerable a los asociados más pequeños y económicamente más débiles que tienen que abrir sus mercados nacionales sin tener oportunidades compatibles para competir en los mercados externos.

Según el tratado Maastricht (1992), la Unión tiene por objeto la “promoción de un progreso económico y social equilibrado y sustentable” mediante la creación de un espacio sin fronteras exteriores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social, y el establecimiento de una unión económica y monetaria. Para que este sistema pueda funcionar es indispensable el equilibrio de los factores que la componen.

El doble candado establecido por el FMI y el Banco Europeo ha agravado la situación de los países más débiles. El Banco, único emisor, presta a bajísimos intereses a la banca privada, pero no puede comprar la deuda de los gobiernos. Ello ha obligado a desmantelar las instituciones del Estado de bienestar y a la privatización los servicios públicos. “Frente a los ataques del capital financiero y de las agencias calificadoras, el banco central debiera comprar tanta deuda pública como sea necesario”.

Se trata de una iniciativa ideológica que intenta disimular el crecimiento desproporcionado de las tasas de desempleo, relacionadas a su vez con la baja expansión productiva que determinan las limitaciones financieras.

Es falso que los países con mayores servicios sociales estén en crisis. Pensemos tan sólo en los Estados nórdicos. Es falso también que la reiteración de las políticas de austeridad conduzcan a la solución del problema y la prueba indiscutible es el caso de Grecia.

Los problemas se gestaron en el sector financiero y éste es el principal responsable de la ruptura del sistema comunitario que deja a muchos países sólo dos alternativas: someterse a un empobrecimiento continuo o adquirir márgenes de flexibilidad saliéndose de la unión monetaria.

Esa misma ortodoxia, que entre nosotros preconiza la precarización del trabajo y la parálisis del sistema fiscal, puede llevar a la ruptura del pacto social sobre el que se basa la integridad de la nación. Hay que ver las barbas de Europa rasurarse para gestar un modelo de desarrollo compatible con las necesidades nacionales.

Político