En términos jurídicos es un complejo proceso de elección de la representación política y de la persona titular del Ejecutivo, además de un elevado número de posiciones de representación y de ejecutivos locales en todo el país. El INE y los institutos locales han iniciado los trabajos de preparación de ese ejercicio ciudadano y han tomado las decisiones pertinentes para su ejecución.
Pero lo han hecho en un contexto enrarecido por las evidentes campañas anticipadas de dos de las principales fuerzas políticas, que serán actores fundamentales de esta contienda. Recientemente la Comisión de Quejas del INE dictó medidas cautelares respecto de la campaña presidencial de Morena y decidió advertir a la presunta candidata de la coalición conformada por el PAN, el PRI y el PRD, que ha acumulado un número significativo de denuncias por presuntos actos anticipados de precampaña. La prensa permite deducir que Morena no acatará la medida y que la coalición dio por recibida la advertencia.
Aquí vale la pena reflexionar acerca del origen de esta situación e imaginar alguna solución en clave de democracia. Vale la pena recordar que las reglas escritas de la contienda se remontan a la reforma político-electoral de 2014, derivada del llamado Pacto por México que firmaron las tres fuerzas políticas que concentraban la absoluta mayoría de la representación política luego de las elecciones de 2012. El 2 de diciembre de ese año, con el Presidente recién investido, el PAN, el PRI y el PRD firmaron ese pacto que implicaba una centena de reformas y decisiones de políticas públicas y entre ellas estaba la reforma al sistema electoral.
Estos sistemas funcionan adecuadamente cuando además de las normas escritas hay una serie de acuerdos no escritos e incluso implícitos que adoptan los actores políticos para mitigar y encauzar las pasiones que desata la lucha por el poder. En nuestro caso, el respeto mínimo a las normas establecidas fue uno de esos acuerdos y que, evidentemente no sin dificultades, imperó hasta las elecciones de 2018, quizá las de 2021. Pero ahora parece cosa del pasado.
¿Por qué? Fundamentalmente, porque uno de los principales actores de hoy no participó en el Pacto por México, ni en la reforma político-electoral. Andrés Manuel López Obrador y su movimiento salieron del PRD argumentando que no estaban de acuerdo con el contenido del pacto, crearon un nuevo partido y construyeron la tercera candidatura presidencial de su dirigente en 2018, con los resultados conocidos.
Quizá valdría la pena que los dirigentes de los cuatro partidos pactaran una tregua, de ahora al inicio de las precampañas, a finales de noviembre, para evitar que sus abanderadas no sean registradas ni como precandidatas, ya que ese es un muy mal escenario para nuestra democracia.
