Otro aspecto profundamente problemático de la reforma es la falta de diálogo entre el gobierno y el Poder Judicial. La ministra presidenta de la Suprema Corte ha hecho llamados reiterados para establecer un diálogo constructivo sobre la reforma. No obstante, el Presidente ha rechazado estas invitaciones reforzando la percepción de que la reforma se está imponiendo de manera autoritaria, sin considerar las preocupaciones y aportaciones de los principales actores del sistema judicial.
Expertos y analistas han expresado serias preocupaciones sobre la reforma argumentando que, en lugar de fortalecer el sistema judicial, esta iniciativa podría debilitarlo, comprometiendo la capacidad de los jueces para actuar de manera independiente y justa. La percepción de que la reforma es un intento de control político más que una verdadera mejora del sistema judicial es compartida por muchos observadores. Aunado a ello, las repercusiones a largo plazo de una reforma que comprometa la independencia judicial son profundas. La confianza pública en el sistema de justicia ya es frágil, y cualquier percepción de manipulación política podría deteriorar aún más esta confianza. Además, un sistema judicial politizado es menos eficaz en la lucha contra la corrupción y en la protección de los derechos humanos, dos áreas críticas para el desarrollo y la estabilidad de México.
Una reforma legítima y efectiva requiere un proceso inclusivo y transparente. La independencia judicial no es sólo un ideal abstracto; es una garantía esencial para la justicia, la democracia y el Estado de Derecho en México.
El debate en torno a la reforma al Poder Judicial ha generado posiciones encontradas entre el Ejecutivo federal y diversos sectores del propio Poder Judicial, la academia y las oposiciones. Si bien hay coincidencia en torno a la necesidad de una reforma que permita mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial, prevalece la percepción de que la reforma está motivada por intereses políticos y no por una verdadera intención de mejorar la impartición de justicia.
Uno de los aspectos más críticos de la propuesta se basa en la intención de subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo. La independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia, garantizando que los jueces puedan tomar decisiones imparciales sin influencias externas. La propuesta, empero, podría comprometer esta independencia, centralizando más poder en manos del Ejecutivo, poniendo en riesgo la autonomía judicial y abriendo la puerta a un uso aun más politizado del sistema judicial. Además, un Poder Judicial independiente actúa como un contrapeso esencial frente a los otros poderes del Estado, asegurando que las acciones del Ejecutivo y del Legislativo se mantengan dentro de los límites constitucionales. Sin esta independencia, se corre el riesgo de que el gobierno pueda actuar sin restricciones, erosionando las bases democráticas del país.
