La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la reelección en todos los cargos de elección popular y vetar la sucesión inmediata entre familiares abre un debate sobre la calidad de la democracia en México. Estas reformas que buscan evitar la consolidación de élites políticas y garantizar la renovación en el poder, podrían tener efectos paradójicos: aunque limitan la influencia de grupos privilegiados, también restringen un mecanismo clave de rendición de cuentas y representación efectiva.

En teoría, la reelección es un mecanismo democrático que fortalece la rendición de cuentas, pues permite a la ciudadanía evaluar a sus representantes y decidir si deben continuar en el cargo.

En sistemas con partidos abiertos y competitivos, incentiva a los políticos a gobernar con eficacia y cercanía. No obstante, en México, este mecanismo ha sido cooptado por las dirigencias partidistas, que controlan las candidaturas y privilegian la lealtad sobre el desempeño.

Así, en lugar de favorecer la rendición de cuentas, la reelección se ha convertido en una herramienta de perpetuación de las élites; alcaldes, diputados y senadores buscan renovar su mandato más por su cercanía con la cúpula partidista que por el respaldo ciudadano.

La propuesta de Sheinbaum eliminaría esta distorsión, pero también su potencial democratizador. Una alternativa sería reformar los mecanismos internos de los partidos con elecciones primarias abiertas o mayores controles en la designación de candidaturas.

La segunda reforma, que impide la sucesión inmediata entre familiares, responde a una problemática real: el nepotismo electoral.

En México, es común que políticos hereden sus cargos a hijos, esposos o hermanos, consolidando dinastías que debilitan la competencia política. Casos como los de las familias Moreira en Coahuila, los Monreal en Zacatecas o los Murat en Oaxaca muestran cómo el poder se transmite como un patrimonio personal. No obstante, esta medida también puede tener efectos no deseados.

En municipios pequeños o comunidades indígenas, la base de representación suele ser familiar y comunitaria. Impedir la sucesión entre familiares podría limitar la participación de liderazgos legítimos que gozan de apoyo popular. Además, si el problema es la imposición de candidatos por parte de los partidos, la solución debería enfocarse en democratizar la selección de aspirantes, no en una prohibición absoluta.

Ambas reformas parecen buscar un mismo objetivo: evitar la perpetuación de elites en el poder.

Sin embargo, al centrarse en restricciones absolutas, corren el riesgo de debilitar la representación y la rendición de cuentas. Si bien la democracia debe renovarse, esta transformación debe lograrse mediante mecanismos que amplíen la participación, no a través de prohibiciones que, lejos de fortalecer el sistema, podrían generar efectos contraproducentes.

X: @maeggleton