El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) es claro: México enfrentará una contracción económica del 0.3% en 2025, una caída notable frente al crecimiento del 1.4% que se proyectaba apenas tres meses antes. La causa principal es el efecto dominó de la guerra arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump, que ha elevado al 40% la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, principal socio comercial de México.
El problema de fondo no es solamente la proyección negativa del FMI, sino la fragilidad estructural sobre la cual se erige el Plan México, la estrategia económica insignia de la administración de Claudia Sheinbaum. El plan se apoya en tres pilares: nearshoring, infraestructura energética y estabilidad macroeconómica. No obstante, todos estos componentes dependen de un entorno internacional predecible y de la continuidad del comercio fluido con Estados Unidos, factores que hoy están bajo seria amenaza.
El nearshoring ha sido la joya de la corona del nuevo discurso económico, sin embargo, esta narrativa omite un hecho esencial: el nearshoring sólo es rentable si existe certidumbre comercial y el renovado proteccionismo de Trump pone en duda esa premisa.
Los aranceles sobre manufacturas mexicanas reducen los incentivos para invertir y complican la rentabilidad de proyectos ya establecidos. Aunado a ello, la llegada o el retiro de capitales está vinculada a la existencia de un Estado de derecho sólido, condición que no está garantizada en México.
Esta deficiencia se agrava ante una reforma en marcha que busca someter al Poder Judicial a los designios del Ejecutivo, debilitando aún más los contrapesos institucionales y minando la confianza jurídica.
A ello se suma un panorama interno marcado por la inseguridad pública, la violencia y la corrupción de funcionarios coludidos con los cárteles; obstáculos estructurales para la inversión, no simples inconvenientes administrativos.
La inversión en infraestructura energética para garantizar abasto y competitividad también enfrenta riesgos. México importa una parte sustancial de sus gasolinas y gas, lo que limita su capacidad para reducir costos, atraer industrias intensivas en energía o garantizar autosuficiencia ante choques externos.
En estas condiciones, no hay forma realista de fortalecer la planta productiva nacional ni de evitar la recesión económica que ya, según el FMI, ha comenzado a instalarse. Además, la mayoría de los proyectos energéticos estratégicos se financian con participación del capital extranjero, especialmente estadounidense. Sin reglas claras y con un entorno hostil en Washington, este capital puede replegarse.
Sin embargo, quizá el aspecto más preocupante es la desconexión entre el discurso oficial y las señales de los organismos internacionales. Persistir en una narrativa optimista puede ser políticamente útil en el corto plazo, pero mina la credibilidad del gobierno si no se ajusta a los hechos.
X: @maeggleton
