La iniciativa de Morena para modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución limita los mecanismos de control judicial, esenciales para un Estado de derecho. Al reducir las herramientas con las que la sociedad y las fuerzas políticas pueden cuestionar reformas constitucionales y decisiones legislativas, esta iniciativa favorece un poder sin contrapesos, lo que coloca a México en una ruta inquietante que recuerda a países como Venezuela, Nicaragua y Turquía, donde un grupo en el poder ha capturado las cortes constitucionales y neutralizado sus funciones de revisión.
La separación de poderes se centra en la máxima de que “el poder detiene al poder”; sin este balance, el gobierno se convierte en un sistema despótico, donde los derechos de los ciudadanos quedan sujetos a la voluntad del poder.
La iniciativa de Morena amenaza esta arquitectura democrática, buscando consolidar una estructura donde el Poder Judicial pierda su independencia y se convierta en un apéndice de la mayoría en el Congreso y del Ejecutivo.
John Stuart Mill (1859) argumenta que incluso en sistemas democráticos, donde el poder proviene de la voluntad popular, las mayorías pueden cometer abusos y pasar por alto los derechos de las minorías y de los individuos. Este riesgo es especialmente alto cuando un grupo político controla simultáneamente el Ejecutivo y el Legislativo, como ocurre actualmente en México.
La reforma impulsada por Morena es un claro ejemplo de la tiranía de la mayoría: utiliza su poder en el Congreso para limitar los derechos de aquellos que no comparten sus intereses, eliminando cualquier posibilidad de impugnación a través del Poder Judicial.
Catherine MacKinnon (1989) señala que un Poder Judicial subordinado no sólo deja de ser un defensor de los derechos, sino que se convierte en un instrumento de legitimación de abusos.
La independencia judicial permite, por tanto, que los jueces tomen decisiones imparciales sin temor a represalias o presiones. Al eliminar o reducir los mecanismos de revisión judicial, la reforma de Morena compromete gravemente la función del Poder Judicial como contrapeso y, con ello, amenaza el equilibrio de la democracia constitucional.
La “supremacía constitucional” propuesta por Morena constituye una grave amenaza para nuestro sistema democrático. La eliminación de los contrapesos no es una cuestión de eficiencia legislativa, sino una transformación profunda que expone a México al riesgo de una concentración de poder que lo acerque a un régimen autoritario.
Si el poder absoluto corrompe absolutamente, esta reforma permite que un grupo político, en nombre del “pueblo”, utilice la Constitución como instrumento de perpetuación de su propio poder. La defensa de una Suprema Corte fuerte y autónoma es, en última instancia, la defensa de un sistema en el que ningún grupo tenga el poder absoluto y en el que los derechos de todas y todos estén verdaderamente protegidos.
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