La función de la Constitución en cualquier democracia es equilibrar el poder, limitar al Ejecutivo y resguardar los derechos de todas y todos. Sin embargo, la concepción que la presidenta Claudia Sheinbaum parece tener del texto constitucional se aleja de este ideal liberal-democrático. Para ella, la Constitución es una herramienta de defensa del gobierno; un arma contra quienes no comparten su visión del mundo.
Este enfoque implica un riesgo autoritario evidente: la progresiva concentración de poder en el Ejecutivo bajo la justificación de que el gobierno representa a la nación misma y, por lo tanto, cualquier oposición se vuelve una amenaza. Desde esta perspectiva, los contrapesos institucionales, las voces disidentes y los mecanismos de control son obstáculos más que garantías democráticas.
Desde la llegada de la 4T, la Carta Magna ha sido reinterpretada en favor del Ejecutivo. López Obrador inició esta tendencia con reformas que ampliaron el poder presidencial, y Sheinbaum parece dispuesta a continuarla.
Su visión del gobierno como encarnación legítima del pueblo le permite justificar la concentración de poder, argumentando que cualquier resistencia es una traición a la nación. Así, la Constitución deja de ser un documento de equilibrios y garantías para convertirse en un blindaje del régimen.
Sin embargo, el verdadero peligro de esta visión autoritaria no es sólo la concentración de poder en el Ejecutivo, sino la erosión de frenos y contrapesos. Si la Constitución se convierte en un escudo del gobierno y no en un límite al poder, la democracia se debilita. Un gobierno sin restricciones tiende a la hegemonía, y ésta, sin límites, degenera en autoritarismo.
El discurso de Sheinbaum, como el de López Obrador, presenta a la oposición como una amenaza para el pueblo, a la prensa crítica como parte de una conspiración y a los jueces independientes como cómplices de una élite corrupta.
Así, cualquier restricción al poder presidencial se percibe como un ataque a la voluntad popular. El problema es que esta narrativa lleva al autoritarismo. Si el gobierno es la única voz legítima y cualquier oposición es enemiga del pueblo, el paso lógico es restringir la crítica y eliminar contrapesos. México ya ha sufrido los efectos de un poder sin límites y los costos han sido altos.
Si Sheinbaum sigue viendo la Constitución como un instrumento de poder en lugar de un estatuto de límites, el país podría avanzar hacia una democracia cada vez más debilitada. La historia muestra que los gobiernos que concentran poder en nombre del pueblo terminan reduciendo las libertades de todos, incluidos aquellos que alguna vez los apoyaron.
La Constitución no es una muralla que protege al Ejecutivo de sus críticos. Debería ser el documento que impide que cualquier gobierno, por más popular que sea, se convierta en una amenaza para la democracia.
X: @maeggleton